Los viernes acostumbramos a compartir buenas noticias o lindas imágenes. Pero no siempre se puede. Y, a veces, hay que contar la malas. Pero no para amargar o ver el siempre el lado negativo de las cosas sino para que se sepa y podamos actuar en función de eso. Hoy queremos contarte algo que muy grave que está sucediendo en Brasil. Sigue leyendo y te enteras.

En los últimos meses hubo un aumento significativo en el número de indígenas y activistas ambientales asesinados por disputas territoriales en Brasil. Los expertos en derechos humanos advierten sobre un clima político peligroso en el país.

Un estudio reciente compartido por la ONG de derechos humanos Comisión Pastoral de la Tierra -CPT- muestra que 37 personas fueron asesinadas en lo que va del año en conflictos rurales. 8 personas más que durante el mismo período de 2016.

CPT ha estado investigando sobre la violencia rural desde 1985 y descubrió que el número de personas muertas en estas disputas superará al del año pasado en el que murieron 61 personas.

A fines de abril 13 miembros de la comunidad Gamela en el estado de Maranhão fueron atacados por granjeros con machetes en una brutal disputa territorial. Esta noticia ocupó los titulares de varios medios a nivel internacional. Algunas semanas antes, nueve personas fueron apuñaladas y fusiladas por el mismo motivo en el estado de Mato Grosso, en el Amazonas.

Jeane Bellini, Coordinador Nacional de CPT sostuvo que, en los últimos años, hubo un incremento significativo de los asesinatos en conflictos rurales y territoriales. Bellini cree que la turbulencia política en Brasil es lo que ayuda a expandir la violencia.

“La violencia rural se ha acelerado bajo la presidencia de Temer”, dijo. “En realidad no se trata solo del gobierno. Diría que la inestabilidad política tiene que ver con todas las personas irresponsables en el Congreso. Quiero decir que están haciendo cosas que van completamente en contra de las necesidades y los derechos de las personas.”

Corte a los derechos indígenas

Victoria Tauli-Corpuz, reportera especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, sostiene que hay un fuerte correlato entre los movimientos del gobierno para quitarle derechos y el incremento de la violencia. Y explica: “La violencia aumentó porque las oficinas de Funai a nivel estatal ya no funcionan. Funai es la única agencia gubernamental en la que los indígenas confían. La gente espera que Funai los proteja y ahora no hay nadie que lo haga.”

Agregó que visitó las oficinas de Funai en diciembre y no tenían personal: “Fuimos a la oficina en Bahía y no había nadie. Han habido enormes recortes que continuaron hasta que volví de mi viaje.”

En mayo un comité liderado por un poderoso lobby agrícola fue designado para reemplazar a la Agencia de Derechos Indígenas con un cuerpo controlado por el Ministro de Justicia, una decisión que se cree que podría tener terribles consecuencias.

Impunidad

De acuerdo con Bellini, la cultura de la impunidad en relación a los asesinatos en Brasil también es culpable de la situación.

CPT sostiene que, de los 1800 asesinatos que la organización contabilizó desde 1985, solo 112 terminaron en la justicia con una pena.

“Dada la inestabilidad política que hay en Brasil desde el año pasado, aquellos que quieren acumular tierras, de cualquier forma, encontraron una posibilidad de acelerar el proceso y aparentemente están convencidos de su impunidad”, dijo Bellini.

En respuesta a este conflicto, Amnistía Internacional Brasil -que utiliza la información de CPT- sostiene:

“Amnistía Internacional cree que, a la luz de los recientes ataques sobre la comunidad Gamela en el estado de Maranhão, es absolutamente esencial que el gobierno de Brasil se comprometa a cumplir las obligaciones constitucionales de demarcar y entregar a los indígenas sus tierras ancestrales.”

“Funai debe ser fortalecido. Se le deben brindar los recursos financieros necesarios para asegurar que aquellos que ocupan los puestos líderes en la agencia tienen la independencia política necesaria para hacer su trabajo. El gobierno brasileño debe asegurar la seguridad a los defensores de los derechos humanos y retirar cualquier iniciativa de criminalizar o limitar su trabajo.”

¿Qué opinas de la nota? ¡Déjanos tu comentario!

También te puede interesar: LA POLICÍA REPRIMIÓ UNA PROTESTA INDÍGENA POR DERECHOS TERRITORIALES.