Por la noche del 2 de marzo de 2016, hombres armados ingresaron en casa de Berta Cáceres y la mataron a tiros. Berta había destinado sus últimos 20 años en la defensa del territorio y los derechos del pueblo indígena Lenca, del que era miembro. Al final, su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el Río Gualcarque, en Intibucá, Honduras, de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), le costó la vida.

Para entender la valentía de Berta hay que recordar que en 1993 co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), cuya lucha enfrentó múltiples megaproyectos que violaban los derechos ambientales y el territorio de las comunidades locales. Berta se enfrentó a madereros ilegales, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que atentaban contra el derecho a la alimentación y al agua de los pueblos indígenas.

Por su lucha ambiental, Berta recibió múltiples intimidaciones, persecuciones y amenazas de muerte. Desafortunadamente, ni las medidas de protección decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009, ni el Premio Goldman que le fue otorgado en 2015 por su lucha ambiental, pudieron librarla de sus verdugos.  

Lamentablemente el caso de Berta no es el único. Según la investigación de Global Witness (GW), dada a conocer a comienzos de 2017, desde el golpe de Estado ocurrido en 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras. Claramente el Estado hondureño ha fracasado en tomar  medidas de protección efectivas para personas defensoras.

En todo el mundo, las personas defensoras ambientales sufren con frecuencia de amenazas, intimidaciones y hostigamientos; son sometidos arbitrariamente a procesos penales por sus actividades; son estigmatizados y declarados enemigos del desarrollo y hasta de “talibanes del medio ambiente”.

De acuerdo con el Reporte de GW de 2015, de 185 asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente registrados a nivel global, 122 ocurrieron en América Latina. En el caso de México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documentó por lo menos 109 casos de ataques contra de personas defensoras ambientales en 23 estados de la república mexicana en un año, entre mayo de 2014 y junio de 2015.

El pasado 24 de enero, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst rindió su Informe Preliminar en el marco de su visita oficial a México que llevó a cabo del 16 al 24 de enero. El Relator se reunió con más de 800 defensores y defensoras que denunciaron los elevados niveles de inseguridad y violencia que enfrentan quienes defienden derechos humanos en el país, tanto por agentes del Estado como empresas privadas y personas relacionadas con compañías que participan en proyectos de “desarrollo”. No sobra decir que el grado de impunidad y corrupción que impera en el país es indignante.

Uno de los grupos de defensores más criminalizados, frente a la mayoría de los procesos judiciales y detenciones arbitrarias en México, son líderes de comunidades y defensores de los derechos a la tierra, agua y ambiente sano, en particular los activistas que defienden los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Esto ocurre en el contexto de la multiplicación de megaproyectos de extracción, energía e infraestructura, y el acaparamiento de tierras, que conducen a una escalada de conflictos dado que las comunidades indígenas y locales se rehúsan a perder sus tierras ancestrales, con las que guardan un vínculo cultural, religioso y existencial.

 

Bajo este escenario desde Greenpeace hacemos un llamado a que los agentes del Estado, empresas públicas y privadas respeten los derechos humanos. Es esencial que se adopten medidas dirigidas a afrontar las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras y a crear un ambiente favorable para ejercitar el derecho a defender derechos humanos en todo el mundo.

El asesinato de Berta generó tal repudio e indignación a nivel local y global que Berta no murió, se multiplicó. Hoy recordamos las palabras de Berta: “tenemos que seguir luchando, con alegría y esperanza”.



*Asesora legal de Greenpeace México