Hace tres semanas más de cinco mil personas, entre comunidades de Cabo Del Este y organizaciones como Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP), COSTASALVAjE, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Defensa Ambiental del Noroeste y Greenpeace, solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la realización de una Reunión Pública de Información para que La Rivera Desarrollos -promotora del  proyecto Cabo Dorado en Baja California Sur- explicara a la ciudadanía a qué se refiere cuando habla de sustentabilidad porque hasta ahora no es claro, por más que lo digan.

El esperado día llegó. Frente a las autoridades de medio ambiente y 450 invitados de diversos sectores de la sociedad, los representantes de Cabo Dorado, encabezados por Raúl Arriaga – ex subsecretario para la gestión y protección al medio ambiente de Semarnat en el sexenio de Vicente Fox-  enlistaron durante hora y media los beneficios económicos para la población y minimizaron la existencia de impactos ambientales de Cabo Dorado.

Para Arriaga, los impactos al agua, al parque marino, a la fauna y flora de la región semidesértica “no son  significativos” y por ello no provocarían mayores problemas económicos o sociales para la población. Solo se reconoció que la disposición de residuos sólidos, sería un problema a resolver y nunca se explicó en cuál de los tres terrenos se había proyectado.

Durante la sesión de preguntas en la que ciudadanos, expertos y ONG tenemos el derecho de exigir una respuesta directa de los representantes de Cabo Dorado, Raúl Arriaga evadió los cuestionamientos. Solo unos cuantos levantamos la mano y pedimos que constara en actas que el promovente se negaba a contestar.

Entonces Arriaga usaba el conocido método del bla-bla-bla y se remitía a lanzar condicionantes: “cuando se apruebe el proyecto podemos reunirnos con las autoridades para hacer un análisis… No lo hemos valorado, pero cuando tengamos la aprobación podremos reunirnos con el municipio y hacer estrategias…

Y entonces los mexicanos nos preguntamos ¿para qué es la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)?
En teoría debe proporcionar la información correspondiente a los impactos ambientales previstos. Si no cumple y en lugar de ello crea más dudas, con base en qué información podría Semarnat evaluar si es pertinente o no aprobarlo. Decir sí a un proyecto de este tipo sin la información necesaria, no solo sería un riesgo, sería negligente por parte de las autoridades.

Así, en medio de un ambiente de mucho ruido y muy pocas nueces, se desarrolló la reunión pública de información. Los preocupados por la construcción de Cabo Dorado cuestionaban una y otra vez la disponibilidad de agua, el posible colapso de actividades productivas en la región. Los científicos y abogados que han analizado la MIA lo dijeron sin darle vueltas al asunto: de aprobarse Cabo Dorado será un proyecto de alto impacto ambiental y con efectos negativos económicos y sociales.

Si el agua que baja de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna es desviada hacia el centro turístico, ya no estará al alcance de cientos de familias que viven en los siete ejidos donde se realizan diversas actividades económicas. Sin agua no habrá especie alguna que sobreviva y tampoco el arrecife de Cabo Pulmo. Es claro que un proyecto tan grande traerá más problemas ambientales, económicos, sociales y políticos y será en los ciudadanos en quienes recaiga la responsabilidad de remediar el desastre aprobado.

Y esto es lo mismo que hemos escuchado desde 2008 cuando se aseguraba que el megacomplejo –que entonces se llamaba Cabo Cortés y posteriormente Pericues- resolvería los problemas de servicios que el municipio no ha atendido en el pasado. Prometer desarrollo no empobrece y ayuda a ganar miles de adeptos, sin embargo, es muy poco ético. Cuando afloren los impactos, los funcionarios y desarrolladores no estarán ahí, para asumir su responsabilidad, será la sociedad quien pague. Así han operado estos inversionistas, vendiendo falsas esperanzas para la región de Cabo del Este.

¿Qué esperan las autoridades? En un periodo de 60 días otras instancias como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional de Biodiversidad (Conabio), el Instituto de Ecología de la UNAM, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Comisión Nacional del Agua emitan sus opiniones sobre este proyecto.

¿Qué puedes hacer tú?  En 2012, más de 220 mil personas dijerin no a Cabo Cortés y semanas después a Los Pericúes. Gracias a ese poder de la gente ambos proyectos fueron cancelados. Hagámoslo otra vez: defendamos juntos este ecosistema que es de todos los mexicanos, defendamos nuestro derecho a un medio ambiente sano pero también a una vida con justicia social.

No olvidemos que sin agua, no hay desarrollo social ni económico posible. No olvidemos que de aprobarse Cabo Dorado, esta región y sus recursos naturales serán propiedad privada y ya no más de los habitantes de Cabo del Este.

8 de mayo de 2014, San José Los Cabos, Baja California. Reunión Pública de Información sobre Cabo Dorado- Semarnat, ONG, Comunidades.