Cancún, México.- Sin lugar a duda, la defensa de la biodiversidad necesita sumar a sus filas a más guerreros, y los indígenas y representantes de comunidades locales (agricultores, campesinos, pescadores) que participaron en la Décima Tercera Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), fueron dignos y valientes guerreros.

En esta cumbre global quedó patente que los principales guardianes de la biodiversidad son los pueblos indígenas y las comunidades locales, quienes tuvieron que dar una dura batalla para que sus voces fueran escuchadas y quedara asentado su derecho al consentimiento libre, previo e informado para que "otros" puedan acceder a sus conocimientos, innovaciones y prácticas pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, no obstante, siguen quedando a merced de legislaciones nacionales, que en el caso de México no es ninguna garantía.

Las comunidades indígenas mexicanas, desde los tarahumaras hasta los mayas, del norte al sur, han sido víctimas del saqueo de sus recursos naturales, de la complicidad de gobierno y empresas para favorecer la mercantilización de sus recursos, conocimientos y prácticas.

Y ahí estaban en tantas plenarias, grupos de trabajo y eventos paralelos como pudieran. Mirando de frente a los representantes de los países, hablando claro y fuerte, exigiendo el respeto a su conocimiento tradicional, a sus relaciones ancestrales con el medio ambiente, a sus modos de vida, a no ser señalados de frenar el desallollo o de saquear sus recursos.

Leydi, apicultora maya, guerrera incansable contra la siembra de soya transgénica en Campeche, tomó el arma de la palabra y exigió ser reconocidos y respetados.
“Los pueblos indígenas no somos anexos, existimos, somos parte fundamental de nuestros territorios y los acuerdos que se tomen sobre ellos deben tomar en cuenta nuestra opinión”.


Ni que decir de nuestros mares, del Pacífico al Golfo, de costa a costa, a pesar de los anuncios del gobierno mexicano, manglares, arrecifes, especies marinas, siguen estando amenazados por prácticas que tienen como fin primero la obtención de ganancias financieras y no la preservación de los ecosistemas y las especies que los habitamos.

Ahí estaba Rual, pescador, frente a las autoridades de Conapesca dejando claro que él no es el responsable de la captura incidental y muerte de vaquitas marinas.

“Yo también quiero proteger a la vaquita y a otras especies, soy pescador  y vivo de los recursos del mar, yo no quiero que se acaben”.

Los funcionarios representantes de nuestro país en la COP13, no siempre estaban ahí para escucharlos. Otras veces sí y se ocupaban en hacer anuncios o, como Sol Ortiz, de CIBIOGEM, presumían el apego al Protocolo de Cartagena (PC) -documento revisado en esta cumbre-  mientras que en la selva maya recientemente se revelaba la presencia ilegal de soya transgénica en contravención a las sentencia del mandato de la Suprema Corte de Justicia y a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).

Hechos como éste no sólo ponen al descubierto la violación a la legislación ambiental nacional y el incumplimiento del principio de precaución contenido en el PC, sino también la falta de un sistema de bioseguridad riguroso.

Cabría preguntarnos entonces ¿que certeza brinda dejar a merced de la legislación nacional a los pueblos indígenas y comunidades locales?

Y ¿qué más quedó evidenciado tras esta COP13?

Nuestro país dista mucho de coadyuvar al cumplimiento de la meta 18 de Aichi para el 2020 al resistirse a respetar los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, así como su uso consuetudinario de los recursos biológicos. 

Sobre el avance del cumplimiento de las metas Aichi en el marco de la protección de los océanos, durante la Conferencia, el secretario de medio ambiente Rafael Pacchiano anunció la creación de 4 nuevas áreas protegidas: la Reserva de la Biosfera del Gran Caribe Mexicano, La Sierra de Tamaulipas, Pacífico Mexicano Profundo e Islas del Pacífico.

Sin embargo estas declaratorias no proporcionan una protección real por no contar con un programa de manejo, ni se estipula la fecha en que estos estarán.

En el marco de la meta 10 de Ahichí -que pretende disminuir la presión sobre los arrecifes-, ésta avanzó en cuanto a la protección del 50 por ciento del arrecife mesoamericano con la nueva gran reserva del caribe. Sin embargo no existe un real compromiso de bajar la presión sobre estas con el modelo de desarrollo turístico actual y más aún cuando el polígono de esta área natural protegida no fue diseñado bajo ningún aspecto técnico científico.

Al mismo tiempo que el gobierno apresuraba los anuncios sobre las nuevas áreas naturales protegidas en papel, especies en inminente peligro de extinción seguían desapareciendo, mermando la biodiversidad del país. Es el caso de la vaquita marina, con la cual se da un incumpliendo con la meta 12, la cual establece que 2020, se habrá evitado la extinción de especies amenazadas identificadas y se habrá mejorado y sostenido su estado de conservación. 

Guerreros vigilantes

La COP13 fue el escenario para que  la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad diera a conocer el volumen IV de la obra: “Capital natural de México. Capacidades humanas e institucionales cuyo objetivo es  aportar al diagnóstico del país e información científica relevante sobre el estado de conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales que brinda, para avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y las Metas de Aichi.

Lamentablemente los esfuerzos de financiamiento para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, abre una  amplia gama de mecanismos y modalidades de recaudación de fondos, muchos de los cuales provienen de empresas que, por un lado hacen aportes financieros para la conservación, pero por otro, no se comprometen a evitar el agotamiento de recursos o detener el deterioro ambiental.

Lo anterior es parte de lo que Greenpeace considera una “mercantilización de la naturaleza”.

Este diagnóstico se suma a la lista de iniciativas y acuerdos impulsados por el gobierno mexicano en el marco de la COP13, entre los cuales está el acuerdo entre Sagarpa y Semarnat para preservar bosques y fortalecer la sustentabilidad del país al dejar de incentivar actividades agropecuarias en zonas con vocación forestal; además se firmó el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, y la Ampliación de las Áreas Naturales Protegidas, acuerdos que más allá de mostrar buenas intenciones, deben traducirse en medidas concretas de implementación y monitoreo para garantizar la real protección del medio ambiente y la integración de la biodiversidad.

Greenpeace y todos debemos ser vigilantes del cumplimiento de los acuerdos antes señalados.

“Sólo entonces el gobierno mexicano podría decir que su gobierno está actuando en favor de la biodiversidad y no que los anuncios hechos en esta COP13 fueron una pasarela de buenos deseos o anuncios para su lucimiento en un evento global.

Otros guerreros son los científicos, los expertos que desde su trinchera ofrecen su conocimiento a las autoridades mexicanas para realmente ganarle la batalla a la devastación de los ecosistemas y la pérdida de nuestra biodiversidad: voltear a ver la agricultura ecológica, dejar de contaminar nuestros cuerpos de agua y tierra con agrotóxicos, reconocer y respetar los conocimientos ancestrales, dar a los pescadores alternativas de artes de pesca sustentable, son sólo algunas de sus recomendaciones.

¿Qué debe hacer entonces el gobierno mexicano  tras esta COP13 para proteger la biodiversidad? No basta con acuerdos y decretos. Debe escuchar y cumplir.