El boom de hoteles, campos de golf, puertos, malls, etc., en la península de Baja California, es la nueva amenaza que enfrenta el Acuario del Mundo.
En el sexenio anterior y lo que va del presente, Fonatur ha utilizado métodos intimidatorios en contra de los dueños originales de terrenos de playa en las costas del Pacífico y el Mar Caribe para luego vender esos terrenos por debajo de su valor catastral, sin tomar en cuenta el daño que ocasiona a las comunidades y al medio ambiente. Posteriormente, Fonatur brinda apoyo económico a los desarrolladores turísticos.
Un ejemplo de esto se encuentra en el "Libro blanco" del proyecto Puerto Los Cabos, en Baja California Sur, donde se califica de "invasores" a los ejidatarios, legítimos propietarios de estos terrenos.
“Los “huerteros” (ejidatarios) han sido muy intransigentes en las pláticas sostenidas, pero consideramos que se tienen los elementos jurídicos suficientes como para iniciar un juicio en contra de ellos, que los obligue a recapacitar y así poder llegar a una negociación razonable, que permita recuperar esa superficie vital del terreno que, además de haber sido aportada al fideicomiso de Puerto Los Cabos, su restauración y cuidado son una condicionante al permiso otorgado por Semarnat”. Este es el lenguaje con el que autoridades se refieren a los dueños de las tierras. En esta reunión celebrada en Fonatur, reseñada en el Libro Blanco, estuvieron presentes John McCarty (anterior titular de Fonatur) y Eduardo Sánchez Navarro, entre otros funcionarios y empresarios.
A este respecto, Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace, señala: “Es muy grave que los funcionarios conviertan a los dueños de los terrenos en invasores, los
amenacen mediante herramientas legales y judiciales, y les paguen cantidades ridículas por sus tierras. A esto se le llama extorsión y es un delito. A eso, hay que agregar la afectación al medio ambiente, como ocurre con Puerto Los Cabos”.
A esta situación se suma una actuación prepotente por parte del desarrollo Puerto Los Cabos, que cierra calles, tumba cercos y actúa como autoridad judicial. Además, Fonatur ha permitido que este proyecto dañe severamente la única reserva ecológica estatal de esa entidad con la construcción de una marina sobre el agua dulce del estero San José, el entubamiento del cauce del río San José, que alimenta al estero, y el bombeo del agua dulce hacia el mar.
“Este es un ejemplo de cómo opera la política de Fonatur en el proyecto Escalera Náutica, que toca 21 puntos del Golfo de California”, agregó Olivera.
Greenpeace exige a las autoridades federales que se ponga freno al remate de playas que promueve Fonatur y que supervisen la alianza de este Fondo con los desarrolladores turísticos de Puerto Los Cabos.
Detalles en:
el Libro Blanco Puerto Los Cabos.
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