A destiempo y sin sustento jurídico, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el proyecto denominado Terminal de Gas Natural Licuado Manzanillo (TGNLM) y con ello, permitirá la destrucción de 8 mil metros cuadrados de manglar en la Laguna de Cuyutlán, han denunciado las organizaciones Bios Iguana y Greenpeace México.
Un ecosistema sumamente valioso, menospreciado por las autoridades ambientales.
“Con más de cien días de retraso, la Semarnat aprobó la Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental de la TGNLM, pero también solicitó más estudios técnicos para demostrar que el manglar en la zona no será afectado, lo que demuestra que este proyecto no cuenta con el sustento técnico para ser aprobado”, explicó Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace.
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEPA), la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) debe estar debidamente fundada y motivada, y en caso de autorizar de manera condicionada, que es el caso de la TGNLM, se solicitaría la modificación del proyecto o medidas adicionales de prevención y mitigación, más no estudios a posteriori, por lo tanto, la Semarnat está violando la ley”, afirmó Esperanza Salazar, coordinadora general de Bios Iguana A.C. de Colima.
Cabe destacar que la autorización al proyecto se hizo sin tomar en consideración la participación ciudadana: especialistas de la Red Manglar Internacional demostraron que la TGNLM no es viable y que afectará gravemente a la Laguna. Además, en la reunión pública de información realizada el 19 de diciembre de 2006, de las 27 ponencias, 18 estuvieron en contra de este proyecto.
Así mismo, en un foro social en sobre la situación de la Laguna de Cuyutlán y futuros riesgos por el proyecto de la TGNLM, realizado el 5 de febrero pasado, Mateo Castillo, titular de la Unidad de Transparencia y Participación Social de la Semarnat, nunca dio una respuesta a los cuestionamientos que presentaron tres especialistas de zona costera y miembros de Bios Iguana que expusieron con argumentación técnica y jurídica las irregularidades de la MIA.
Las organizaciones responsabilizan a Juan Rafael Elvira Quezada, titular de la Semarnat, a Mauricio Limón Aguirre, Subsecretario de Gestión, a Eduardo González Hernández, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y a quienes resulten responsables por cualquier daño que pueda sufrir la Laguna de Cuyutlán, así como por su participación en la evaluación de impacto ambiental de este proyecto.
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