Iniciativa de ley del PRI pone recursos fitogenéticos a merced de corporaciones

Noticia - 30 noviembre, 2008
Atenta contra la biodiversidad e invade competencias de otras legislaciones: Greenpeace

Una gran incertidumbre rodea al maíz transgénico.


Es inviable la iniciativa de Ley de Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura que presentó el PRI en la Cámara de Diputados porque pondría a merced de las grandes transnacionales los recursos genéticos de los mexicanos tratándolos como mera mercancía, además de que invade competencias de otras legislaciones, explicó Greenpeace en un análisis legal.

El estudio jurídico fue enviado en una carta a los 150 diputados que forman parte de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, debido a que  en diciembre de 2007, cuando el diputado federal Héctor Padilla Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI presentó la mencionada iniciativa, fue turnada para su análisis y dictaminación a dichas instancias.

La iniciativa de ley pretende: “Establecer las regulaciones encaminadas a la conservación, mejoramiento y aprovechamiento sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, comprendidos los que se encuentran en estado silvestre, y los cultivados y sus parientes cuyo centro de origen y/o diversidad es el territorio nacional y las zonas donde la nación ejerce su jurisdicción y soberanía”. Sin embargo, en el texo de la iniciativa se pone a merced de las grandes transnacionales los recursos genéticos de los mexicanos tratándolos como mera mercancía, a través de contratos de transferencia que facilitan la apropiación privada sobre los productos y procesos derivados tanto de la materia viva, como del conocimiento tradición al asociado.

Además, la iniciativa ignora las disposiciones contenidas en las leyes relativas al Desarrollo de los Pueblos Indígenas y pasa por alto lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas o Tribales, que señala que: “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.

“Ante un tema de tal relevancia para la biodiversidad en México es fundamental la apertura de los espacios necesarios de consulta y debate público en todo el país, con el propósito de consensuar una mejor propuesta legal que garantice la conservación de éstos recursos biológicos, contextualizados en el respeto al conocimiento tradicional que conllevan, y de conformidad con los intereses y la idiosincrasia del pueblo mexicano, principalmente de las comunidades campesinas e indígenas poseedoras de los territorios más ricos en diversidad biológica”, demandó María Colín, coordinadora del área legal de Greenpeace.

“Hacemos un llamado a las autoridaddes federales para crear un régimen que conlleve a la protección del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, ante la importancia de contar con los instrumentos legales vigentes que tutelen con eficacia los conocimientos empíricos de tipo ancestral, según sus características, su carácter de manifestación cultural, así como su posesión colectiva y su condición intangible”, concluyó Colín.

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