Algo apesta en Semarnat

Noticia - 25 abril, 2012
Con más de dos toneladas y media de estiércol depositada en la entrada principal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y acompañados de un grupo de ciudadanos con la nariz tapada, Greenpeace cuestionó la falta de transparencia y legalidad en la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el caso Cabo Cortés, esto luego de que esta organización ambientalista tuvo conocimiento, por fuentes que pidieron guardar el anonimato, de la existencia de una auditoría del permiso de este proyecto turístico en las inmediaciones de Cabo Pulmo que se encuentra en manos de Semarnat y que no han hecho pública.

miércoles, 25 de abril de 2012 Con más de dos toneladas y media de estiércol depositada en la entrada principal de Semarnat Greenpeace cuestionó la falta de transparencia y legalidad en el caso Cabo Cortés

© Prometeo Lucero

 

Además, en otra clara irregularidad que es necesario investigar, Semarnat se declaró incompetente para cancelar el proyecto ante la solicitud de declaración de extinción de la autorización en materia de Impacto Ambiental (MIA) otorgada por esa dependencia el 24 de enero de 2011, con número de oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/0606/11, aun cuando Cabo Cortés no cumplió con las condicionantes establecidas en dicho resolutivo; Por el contrario, la dependencia avaló la ampliación de los plazos originalmente establecidos de diversas condicionantes impuestas a la empresa en la autorización.

¿No es ilógico que contando con las atribuciones y los elementos necesarios para cancelar dicho proyecto, Semarnat decidió declararse incompetente para hacerlo? ¿No es entonces obvio que algo anda mal en Semarnat?

Es por ello que Greenpeace presentó una nueva denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Semarnat en la que exige que se investigue al director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la dependencia, Alfonso Flores Rodríguez, dada la respuesta emitida a la solicitud de extinción del permiso la cual señala que:

“…está unidad administrativa se encuentra imposibilitada jurídicamente para poder cancelar definitivamente el proyecto de mérito tal y como lo solicitan (sic), ya que como se señaló con anterioridad, la Autoridad sólo puede actuar dentro de las atribuciones que tiene conferidas, por lo que el régimen de facultades son limitadas y expresas a esta DGIRA, de manera que, aún y cuando no haya precepto legal que prohíba a alguna autoridad hacer determinada cosa, ésta no puede llevarla a cabo, si no es mediante disposición legal expresa que la faculte…”

"El funcionario Flores Ramírez o no conoce sus atribuciones o se niega a ejecutarlas", denunció Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace México quien recalcó que el Reglamento Interno de la Semarnat precisa en el artículo 19 (fracción XXV) que dentro de las facultades genéricas de los Directores Generales de dicha entidad federal está la de: "...resolver asuntos sobre autorizaciones, licencias, permisos, cesión de derechos y obligaciones, registros y demás actos relativos a sus atribuciones (y la de atraer para su resolución los expedientes administrativos relativos al otorgamiento, modificación, prórroga, revocación, suspensión, anulación, declaración de nulidad, ineficacia y extinción, parcial o total de los permisos, licencias y autorizaciones… ".

“Es inadmisible que se declare incompetente y que con esta simplista e infundada argumentación, la Semarnat pretenda dar por atendida la solicitud para cancelar Cabo Cortés y dar por concluido un asunto de gran relevancia ambiental que negligente o maliciosamente se niega a ver Alfonso Ramírez, es por ello que representantes de la comunidad de Cabo Pulmo y Greenpeace estamos presentando esta denuncia contra Alfonso Flores Ramírez para que se investigue y sancione al funcionario y exigimos se de a conocer la auditoria ya existente. Con todo esto es evidente que algo huele mal", dijo Alejandro Olivera.

“La respuesta Alfonso Flores Ramírez implica el incumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, a las políticas y principios democráticos de protección al medio ambiente y del interés público por encima del interés particular, así vemos de nuevo de que a pesar que la Semarnat ha tenido elementos suficientes para cancelar Cabo Cortés, ha seguido favoreciendo a este proyecto de turismo depredador.” finalizó Olivera.

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