Noticia - 23 abril, 2013
Ha pasado más de un año desde que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) anuló la Evaluación de Impacto Ambiental para la construcción de la Supervía Poniente y determinó que se violaron los derechos de información y participación de los capitalinos al no realizar una consulta pública sobre la obra como lo manda la ley.
Si se hubiera respetado esta resolución, el destino de esta construcción sería distinto, pero el gobierno del DF y la empresa constructora apelaron la sentencia con el argumento de que se trata de una obra de interés público y desde enero del 2012, el caso se encuentra en la sala Superior del TCADF esperando respuesta.
La Supervía está planeada para concluirse en mayo de este año y los magistrados del Tribunal aún no tienen fecha para resolver las apelaciones, por lo que también están vulnerando nuestro derecho de acceso a la justicia pronta y expedita.
Greenpeace y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria exhortaron a los magistrados a que resuelvan a la brevedad este juicio y conserven el sentido original del dictamen de la Primera Sala que sienta dos precedentes trascendentales.
El primero de ellos es que se preserva la obligación del gobierno de consultar e informar a la ciudadanía en obras de gran magnitud y el segundo es que se reconoce el interés legítimo de las asociaciones civiles para interponer recursos legales en los temas que defienden.
“Esperamos que los juzgadores adopten este tipo criterios a fin de que organizaciones de la sociedad civil, abocadas a la defensa y protección del medio ambiente y derechos humanos en general, podamos acudir a juicio sin que se desechen nuestros recursos legales y que los jueces y magistrados estudien de fondo los asuntos que plantean beneficios a la sociedad”, señaló María Colín, abogada de Greenpeace.
Por su parte, Margarito Miranda, abogado del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. lamentó que para el gobierno del DF y la empresa constructora de la obra, el derecho al libre tránsito tenga “cuota”.
Además, hizo un llamado a que la Presidenta del TCADF, Yasmín Esquivel Mossa se excuse de conocer este asunto, derivado de su vínculo matrimonial con José María Riobóo, uno de los empresarios que construye la Supervía. “Para evitar suspicacias por conflicto de intereses, la magistrada no debe participar en la resolución definitiva de este asunto, conforme a los artículos 81 y 84 de la Ley Orgánica del TCADF”, señaló.