30 de octubre de 2012.- Productores de maíz criollo de los municipios de San Ignacio y Concordia, en Sinaloa, exigieron al Gobierno que niegue a la empresa Monsanto la autorización para sembrar maíz transgénico con fines comerciales en las 700 mil hectáreas de cultivo de temporal en esta entidad, y denuncian que no fueron notificados sobre la existencia de un proceso de consulta para cambiar la forma de producción del maíz en la región.
Los productores manifestaron que la convocatoria lanzada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en su página web (1) dejó fuera a cientos de campesinos e indígenas que durante miles de años ha conservado la riqueza de maíces mexicanos y que no tienen acceso a Internet, lo que representa violaciones a los artículos 2º, Fracción XIV y al 108 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
El Artículo 2º, Fracción XIV obliga a “establecer mecanismos para la participación pública en aspectos de bioseguridad materia de esta Ley, incluyendo el acceso a la información, (…) y la consulta pública sobre solicitudes de liberación de OGMs al ambiente”. Así mismo, el Artículo 108 obliga a realizar: “… los estudios y las consideraciones socioeconómicas resultantes de los efectos de los OGMs que se liberen al ambiente en el territorio nacional, y establecerá los mecanismos para realizar la consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en las zonas donde se pretenda la liberación de OGMs, considerando el valor de la diversidad biológica”. (2)
La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) también hizo caso omiso de lo indicado en ambos artículos de la LBOGM, ya que no notificó a los gobiernos estatales y a las comunidades indígenas respecto de la existencia de este proceso de consulta y de la necesidad de establecer mecanismos para que todos los productores de maíz de la región, que no cuentan con avances tecnológicos para sus comunicaciones, también participaran en ella.
El Doctor Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la CIBIOGEM, ha restado importancia a la consulta pública a pueblos y comunidades indígenas porque considera que sólo deberían tener interés en este tema si se pretendiera liberar transgénicos en sus predios, y no toma en cuenta que los campos aledaños pueden ser afectados por flujo genético del maíz transgénico.
“En cualquier región donde se pretenda hacer liberación de semillas transgénicas, es de obligado derecho que se realice una amplia consulta nacional con pueblos y comunidades indígenas asentadas en las zonas y regiones aledañas -por los impactos del flujo génico y sus consecuencias socio económicas y culturales-”, exigieron los productores.
De aprobarse las solicitudes de siembra comercial de maíz transgénico para las 700 mil hectáreas del estado de Sinaloa, el Gobierno no podrá garantizar la producción de maíz blanco libre de transgénicos para la alimentación de los mexicanos. Los permisos de siembra irán en menoscabo del cumplimiento del derecho constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y por ende de la soberanía alimentaria de los mexicanos.
Dada la negativa de la CIBIOGEM a asumir el cumplimiento de la ley en esta materia, el tema tiene que ser abordado y resuelto por tribunales y comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas.
Fuentes:
- Consulta Pública de Solicitudes de Permisos de Liberación de OGM. Disponible en el siguiente enlace: http://www.senasica.gob.mx/?id=1344.
- Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Disponible en el siguiente enlace: http://www.cibiogem.gob.mx/Norm_leyes/Paginas/ley_bioseguridad.aspx
Para entrevistas con los productores de Sinaloa o más información, favor de contactar a:
Bárbara Nava Cristóbal, Municipio de Concordia Sinaloa, en el teléfono (669) 446 0539, email: 
Rosalina Piñera, coordinadora de prensa de Greenpeace México en el teléfono 01 (55) 5687- 9595 ext. 120, en el celular 04555 1688- 9501, email: 