Estás en:
Greenpeace
calificó al ministro de Economía Roberto Lavagna como “empleado del
mes” de la multinacional semillera Monsanto, al acceder a sus
pretensiones de abrir el mercado argentino al cultivo del maíz
transgénico resistente al glifosato.
La organización ambientalista cuestionó la legitimidad y la transparencia de la aprobación del maíz transgénico, al denunciar que el gobierno no cumplió su promesa de consultar la medida con las organizaciones de la sociedad civil.
“Solamente consultó a los que tienen un interés económico concreto, a los actores de la cadena maizera. Las entidades que bregan por el bien público han sido ignoradas, como en la peor época del menemismo”, dijo Emiliano Ezcurra, coordinador de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
Greenpeace consideró que fue, por lo menos, “sospechoso” el proceder de Lavagna: la organización ambientalista recordó que en las últimas dos semanas funcionarios de la Secretaría de Agricultura no respondieron los llamados y las consultas en las que Greenpeace y otras entidades civiles solicitaban al gobierno que cumpla su promesa de realizar una audiencia pública previa a la aprobación de este maíz.
“Con la actual medida, ahora todos estamos seguros que la empresa Monsanto funciona en el mismo corazón de la Secretaría de Agricultura, y que su titular, Miguel Campos, actúa como su gerente”, agregó Ezcurra.
Greenpeace lamentó la medida y consideró que la política del presidente Néstor Kirchner en biotecnología es prácticamente igual a la de Carlos Menem: “Campos había prometido que iba a consultar a la sociedad civil sobre este tema, que nos iba a dar la posibilidad de dar una opinión diferente a la que se maneja en el mundo corporativo, pero vemos que hace lo mismo que Menem: reírse de la sociedad civil”, agregó Ezcurra.
A su vez, Greenpeace recordó que el maíz resistente al glifosato fue liberado en la Argentina en forma ilegal a comienzos del 2001. “Lo que hizo hoy Lavagna fue, prácticamente, indultar una franca violación a las normas de bioseguridad argentinas”, aseveró Ezcurra.
El pasado 20 de enero, a través de una carta, Greenpeace Argentina le había solicitado, al secretario de Agricultura, Miguel Campos, la aplicación de sanciones a la semillera norteamericana Monsanto por la liberación ilegal del maíz resistente al glifosato. Pero nunca hubo respuesta.
"Esta operación ilegal fue descubierta por Greenpeace en mayo del 2001 y al día de hoy el gobierno argentino no ha tenido el coraje de penalizar a la firma norteamericana", sostuvo Ezcurra. “Todo lo contrario: ahora ayuda a la compañía a consumar su crimen ambiental”, agregó.
ANTECEDENTES
En ese entonces, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación había admitido esta situación en un escueto comunicado, señalando que se había detectado un organismo transgénico ilegal, pero prefirió no citar ni a la empresa ni al evento transgénico. Además, el organismo oficial había indicado que “se abocó a la ubicación de todos estos materiales procediendo a su intervención y posterior destrucción”.
Monsanto había distribuido clandestinamente a varios productores semillas de maíz RR durante la ExpoChacra 2000. El gobierno nunca pudo determinar dónde está cada lote contaminado, por lo que nunca fue creíble que haya destruido ese maíz. Luego, a principios de 2002, se confirmó la denuncia al encontrarse en Suiza rastros de ese maíz transgénico en productos alimenticios.
Monsanto había puesto en peligro toda la producción de maíz exportable de la Argentina, ya que este evento no está aprobado por la Unión Europea. Pero el gobierno de Fernando de la Rúa no hizo nada por sancionar a la empresa.
Hasta esa denuncia, la Argentina era un país que estaba libre de esta variedad, que se encuentra prohibida en Europa. Fue por esta razón que el país logró quitarle ventas de maíz a Estados Unidos (donde sí está aprobado). Haber evitado este transgénico no solo protegía nuestro ambiente sino que fue económicamente muy conveniente.
Argentina se había asegurado la compra por parte de más de un millón de toneladas de maíz, porque la Argentina era libre de maíz RR.
La organización ambientalista cuestionó la legitimidad y la transparencia de la aprobación del maíz transgénico, al denunciar que el gobierno no cumplió su promesa de consultar la medida con las organizaciones de la sociedad civil.
“Solamente consultó a los que tienen un interés económico concreto, a los actores de la cadena maizera. Las entidades que bregan por el bien público han sido ignoradas, como en la peor época del menemismo”, dijo Emiliano Ezcurra, coordinador de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
Greenpeace consideró que fue, por lo menos, “sospechoso” el proceder de Lavagna: la organización ambientalista recordó que en las últimas dos semanas funcionarios de la Secretaría de Agricultura no respondieron los llamados y las consultas en las que Greenpeace y otras entidades civiles solicitaban al gobierno que cumpla su promesa de realizar una audiencia pública previa a la aprobación de este maíz.
“Con la actual medida, ahora todos estamos seguros que la empresa Monsanto funciona en el mismo corazón de la Secretaría de Agricultura, y que su titular, Miguel Campos, actúa como su gerente”, agregó Ezcurra.
Greenpeace lamentó la medida y consideró que la política del presidente Néstor Kirchner en biotecnología es prácticamente igual a la de Carlos Menem: “Campos había prometido que iba a consultar a la sociedad civil sobre este tema, que nos iba a dar la posibilidad de dar una opinión diferente a la que se maneja en el mundo corporativo, pero vemos que hace lo mismo que Menem: reírse de la sociedad civil”, agregó Ezcurra.
A su vez, Greenpeace recordó que el maíz resistente al glifosato fue liberado en la Argentina en forma ilegal a comienzos del 2001. “Lo que hizo hoy Lavagna fue, prácticamente, indultar una franca violación a las normas de bioseguridad argentinas”, aseveró Ezcurra.
El pasado 20 de enero, a través de una carta, Greenpeace Argentina le había solicitado, al secretario de Agricultura, Miguel Campos, la aplicación de sanciones a la semillera norteamericana Monsanto por la liberación ilegal del maíz resistente al glifosato. Pero nunca hubo respuesta.
"Esta operación ilegal fue descubierta por Greenpeace en mayo del 2001 y al día de hoy el gobierno argentino no ha tenido el coraje de penalizar a la firma norteamericana", sostuvo Ezcurra. “Todo lo contrario: ahora ayuda a la compañía a consumar su crimen ambiental”, agregó.
ANTECEDENTES
En ese entonces, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación había admitido esta situación en un escueto comunicado, señalando que se había detectado un organismo transgénico ilegal, pero prefirió no citar ni a la empresa ni al evento transgénico. Además, el organismo oficial había indicado que “se abocó a la ubicación de todos estos materiales procediendo a su intervención y posterior destrucción”.
Monsanto había distribuido clandestinamente a varios productores semillas de maíz RR durante la ExpoChacra 2000. El gobierno nunca pudo determinar dónde está cada lote contaminado, por lo que nunca fue creíble que haya destruido ese maíz. Luego, a principios de 2002, se confirmó la denuncia al encontrarse en Suiza rastros de ese maíz transgénico en productos alimenticios.
Monsanto había puesto en peligro toda la producción de maíz exportable de la Argentina, ya que este evento no está aprobado por la Unión Europea. Pero el gobierno de Fernando de la Rúa no hizo nada por sancionar a la empresa.
Hasta esa denuncia, la Argentina era un país que estaba libre de esta variedad, que se encuentra prohibida en Europa. Fue por esta razón que el país logró quitarle ventas de maíz a Estados Unidos (donde sí está aprobado). Haber evitado este transgénico no solo protegía nuestro ambiente sino que fue económicamente muy conveniente.
Argentina se había asegurado la compra por parte de más de un millón de toneladas de maíz, porque la Argentina era libre de maíz RR.
Unite a Greenpeace
