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El presidente Néstor
Kirchner formalizó hoy la creación de la Reserva Nacional de Gral. Pizarro en
Salta, y encabezó el acto de cesión de 800 hectáreas de monte a la comunidad
wichi, cuyas tierras se encontraban, hace un año, a punto de ser desmontadas.
La nueva Reserva, cuya
superficie será de 21.298 hectáreas, estará bajo responsabilidad de la
Administración de Parques Nacionales (APN) y resguardará un bioma representativo del ambiente de transición entre
el Chaco Seco y la Selva de Yungas.
Del acto realizado esta
mañana en la Casa Rosada, participaron también los caciques de la comunidad
wichi –Simón Pérez y Donato Antolín- y una decena de personalidades que, hace
un año, reclamaron junto con Greenpeace la intervención del Gobierno Nacional
para evitar el desmonte de la reserva de Pizarro y la reubicación compulsiva de
la comunidad wichi.
“Este acto demuestra que es posible una vida sustentable en el Chaco Seco y una
vida mejor para los indígenas cazadores-recolectores, que por culpa de los
desmontes irracionales se ven permanentemente desplazados del monte. Es un como
un sueño que empieza tomar forma, ya que los derechos pasan a los papeles y de
los papeles a la realidad”, señaló Hernán
Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Previamente a
la entrega de tierras, los caciques Wichi, junto a varios artistas y activistas
de Greenpeace desplegaron un enorme cartel frente a la Casa Rosada con la
leyenda: “Ganamos Pizarro, vamos por más”.
Greenpeace elogió la decisión del Gobierno
Nacional pero advirtió también que las tierras preservadas con la creación de
la nueva reserva nacional representan sólo el 10 por ciento de las 250 mil
hectáreas de bosques nativos que se pierden por año (1).
Por este motivo, la
organización ambientalista reclamó la urgente sanción de una ley de emergencia forestal nacional que detenga los desmontes y
promueva el ordenamiento ambiental de los
últimos bosques nativos. (2)
“La Argentina pierde una
hectárea de bosque nativo cada dos minutos, por lo que es imprescindible que se dicte una ley de emergencia
forestal nacional que permitan realizar un ordenamiento
ambiental de las masas boscosas. Queremos estar entre las naciones que cuidan
el medio ambiente y que prevén el futuro, y no
seguir desperdiciando nuestros recursos”.
agregó Noemí Cruz, coordinadora en el NOA de la Campaña de Biodiversidad de
Greenpeace Argentina.
EL CASO PIZARRO
La Reserva
Provincial de Pizarro, ubicada en el departamento de Anta, Salta, fue creada a
fines de 1995. En febrero de 2004, el
gobernador salteño Juan Carlos Romero impulsó una ley por la que se desafectó a la
reserva de su condición de área protegida, con
el objetivo de lotearla, remarla y destinarla a distintas actividades
productivas, pero, fundamentalmente, al cultivo de soja.
El caso motivó el rechazo
de la Universidad Nacional de Salta, de los habitantes de la reserva y de
numerosas organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Fundación Vida
Silvestre, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace,
quienes reclamaron la nulidad de la ley de desafectación de la reserva ante la
Justicia salteña, en primera instancia y, actualmente, a través de una
presentación que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante un año y medio,
Greenpeace realizó acciones directas en la zona, bloqueando las topadoras que
desmontaban el bosque nativo con un equipo de motociclistas especialmente
entrenado, denominado ‘Los Jaguares’, y denunció la tala ilegal e irracional y
la quema de los cordones de madera una vez desmontados los montes.
En agosto de 2004, once
activistas de Greenpeace –entre ellos el director Ejecutivo de la organización,
Martín Prieto- fueron arrestados cuando documentaban desmontes en la región de
Tartagal.
El conflicto tuvo su pico
de tensión hace un año, cuando un grupo de compradores de la reserva se
aprestaba a iniciar el desmonte de la zona. Sin embargo, el 29 de septiembre de 2005, el presidente Néstor Kirchner se comprometió a intervenir en el caso, luego
de recibir a una delegación de la comunidad wichi, acompañada por numerosas personalidades.
(1) En la Argentina, por año, se desmontan 250 mil hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco Seco, donde el 70% del bosque fue eliminado por la expansión agrícola. El Chaco Húmedo y la selva pedemontana de las Yungas forman parte también de la lista de áreas amenazadas. La Selva Misionera alberga la más alta biodiversidad del país, pero sólo queda un 7% de la superficie original, y la mayor parte se encuentra en nuestro país, ya que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida. A la destrucción del bosque para conversión en tierra de cultivo se le suma el reemplazo de selvas por forestaciones implantadas, para uso industrial.
(2) El ordenamiento ambiental que propone Greenpeace es un instrumento de política ambiental nacional cuyo objetivo es regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente a partir del uso sustentable de los bosques nativos, tras una evaluación de las unidades presentes en cada provincia.