La ley que reclama la organización ambientalista obliga a las empresas a hacerse responsables legal y financieramente de la gestión –reutilización y reciclado - de los residuos de sus propios aparatos y dispone la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación. Los residuos electrónicos componen la fracción más toxica y la que más rápido está creciendo dentro de la basura domiciliaria.
© Greenpeace / Martin Katz