Greenpeace: “El avance de los desmontes es una amenaza para el yaguareté”

Noticia - 28 abril, 2017

Buenos Aires, 28 de abril de 2017 - El yaguareté, que en 2001 fue declarado Monumento natural Nacional por la Ley Nº 25.463 y alcanzó el máximo nivel de protección, es una de las especies que se encuentran más amenazadas por la fragmentación y la disminución de su hábitat debido al avance de los desmontes. “La reducción de los bosques a causa de la deforestación afecta directamente a los espacios donde el yaguareté vive. Al ser un animal de gran tamaño, necesita de grandes extensiones para sobrevivir”, dijo Noemí Cruz, miembro de la campaña de Bosques de Greenpeace.

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En el Día del Animal, la organización ambientalista alerta sobre la situación del yaguareté.

Según estimaciones de la Administración de Parques Nacionales (APN), en promedio solo quedan 200 ejemplares en el país distribuidos en tres grandes regiones: las yungas, la selva paranaense y la región chaqueña. Esta última zona es la más comprometida para la supervivencia de la especie ya que es dónde más avanzaron los desmontes en la última década (1)

El yaguareté cumple un papel muy importante en la comunidad en la que habita: su presencia asegura la de otros animales con menos requerimientos y, por ser sensible a la perturbación humana, es una especie indicadora de la calidad del hábitat. “En nuestro país el yaguareté está en peligro crítico ya que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato. La destrucción de su hábitat es otra de las preocupantes consecuencias del desmonte en zonas protegidas por ley, particularmente en la región del Chaco Seco”, agregó Cruz. La organización le exige nuevamente a las autoridades provinciales y nacionales que se castigue a los responsables de desmontes ilegales. El pasado septiembre presentó en el Congreso Nacional, junto a vecinos y comunidades campesinas e indígenas afectadas por la deforestación, un proyecto de Ley de Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo que penaliza a los desmontes e incendios ilegales con penas de 2 a 10 años (2).

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