Greenpeace consideró un avance la multa impuesta a Bibiloni por no cumplir con la sentencia que obliga al Estado a sanear el Riachuelo.

Noticia - 31 agosto, 2010
Buenos Aires, Argentina — Greenpeace destacó la decisión del Juez Luis Armella de multar a Homero Bibiloni, Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con 4 mil pesos diarios por incumplir con los objetivos fijados en la histórica sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obliga al Estado a sanear el Riachuelo.

Greenpeace desplegó una "factura" gigante frente a la Secretaría de Ambiente de la Nación representando la multa impuesta a Homero Bibiloni por no sanear el Riachuelo.

La multa que se aplicará a partir de este miércoles será de 1.000 pesos diarios por cada objetivo incumplido: la implementación de un sistema internacional de medición, la existencia de un mecanismo de información pública, las pautas fijadas sobre contaminación de origen industrial y el saneamiento de basurales.

Los ambientalistas destacaron que entre los considerandos tomados por el juez para la aplicación de multas, se encuentra la propuesta de establecer  “metas progresivas y plazos concretos con el fin de llegar a cero vertido de sustancias peligrosas para el año 2020”, elevada oportunamente por el Cuerpo Colegiado de Control[1], que debería aplicarse para logar una real recomposición de la Cuenca Matanza Riachuelo.

 

“La aplicación de estas multas nos parece un paso decisivo para cortar con la desidia que existe en la gestión de la Cuenca, esperamos que esta nueva medida impulse a nuestras máximas autoridades gubernamentales, a tomar una real voluntad política para sanear de una vez por todas el Riachuelo”  manifestó Martín Prieto Director Ejecutivo de Greenpeace.  

Nota:

[1] El Cuerpo Colegiado es el organismo establecido para controlar la sentencia por disposición de la CSJN, coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación y conformado por 5 ONG - Asociación Vecinos de La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace