La argumentación del Ministerio de Energía y Minería, a cargo del ex directivo de Shell Juan José Aranguren, que justifica el incremento en las tarifas por razones ambientales es, como mínimo, malintencionada y falaz. Si bien es razonable evaluar que la estructura tarifaria de hace unos años estaba disociada de los verdaderos costos de la energía –motivo por el cual Greenpeace renunció a los subsidios en cuanto la expresidenta Fernández de Kirchner habilitó esa posibilidad–, lo cierto es que el gobierno actual está abordando el problema desde el lado equivocado. Mientras las tarifas de luz y gas le cuestan hoy al usuario residencial entre 1600 y 1000 por ciento más que hace dos años, las erogaciones a las grandes petroleras continuaron. Según datos oficiales a los que accedió la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en 2017 las corporaciones energéticas recibieron 20 mil millones de pesos directos del Estado Nacional. Y sólo en lo que va de 2018, YPF recibió casi 1700 millones de pesos, Shell 375 millones y Axion 180 millones, según información oficial de ejecución presupuestaria del gobierno.
En 2015, antes del triunfo de Cambiemos en las elecciones, Aranguren dijo en un artículo publicado en el diario inglés The Guardian que “subsidiar la producción de hidrocarburos no sigue siendo una medida racional”.[1] [2] Hoy está en el camino contrario; a pesar de que el gobierno que lidera Mauricio Macri busca alinear su discurso con las recomendaciones de la OCDE, el selecto club de países al que Argentina quiere acceder en los próximos años, el Banco Mundial y el FMI, que llaman a cortar los subsidios a los fósiles. No consideran, sin embargo, la incoherencia de brindar apoyo económico del Estado a las empresas que extraen y comercializan hidrocarburos, mientras los consumidores pagan la cuenta.
En esta dirección, a fines de 2017, cuarenta países miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), firmaron en Buenos Aires una declaración para abandonar los subsidios a los combustibles fósiles. Argentina no la acompañó, fundamentalmente para continuar subsidiando el desarrollo de la segunda reserva de gas no convencional del mundo, que se encuentra en su territorio: Vaca Muerta. Incluso, a pesar de haber incluido un impuesto a la emisión de dióxido de carbono (CO2) en la reforma tributaria de fines del año pasado, exceptuó del pago a los proyectos de producción de gas mediante la técnica del fracking que debe utilizarse en ese megaproyecto.
En la arena internacional, el Acuerdo de París firmado en 2015 establece que el aumento de la temperatura en comparación con la era preindustrial esté bien por debajo de los 2°C, y limitarlo en 1,5°C. De acuerdo a la evidencia científica, estos números hacen la diferencia para evitar los peores impactos del cambio climático. Esto implicaría dejar bajo tierra un 80% de las reservas fósiles descubiertas y avanzar drásticamente hacia una matriz energética global proveniente en su totalidad de energías renovables para 2050. Vaca Muerta supone una bomba de gases de efecto invernadero que podrían ser liberados al ambiente, haciendo virtualmente imposible el cumplimiento del objetivo más ambicioso del acuerdo climático. Defender el incremento de tarifas a la población mientras se sostiene el desarrollo de una fuente sucia y contaminante, parece una tomada de pelo para los afectados por la “actualización” tarifaria.
Ejemplo de esto son las declaraciones de Christiana Figueres, ex
-secretaria general de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y una de las principales arquitectas del Acuerdo de París: “El FMI provee cinco trillones de razones para actuar sobre los subsidios a los combustibles fósiles; para abandonarlos es crucial proteger a los más pobres y vulnerables, considerando los beneficios ambientales, económicos y sociales que habrá a futuro”.
Incluso teniendo la presidencia del G20 durante el transcurso de este año, Argentina puede trabajar para continuar los pasos del G7 que en 2016 se comprometió a abandonar estas subvenciones a los fósiles. ¿Cuál es la posición oficial? Dejarlos como están, argumentando que no hay consenso, producto de la presión del gobierno de Donald Trump para bajar la ambición climática al mínimo común denominador. Cuando tantas señales van en el sentido contrario, justificar una política de alto impacto en el bolsillo de la gente por cuestiones ambientales sólo puede leerse como una más de las estrategias del gobierno para retroceder en materia ambiental como están haciendo al querer modificar la ley de glaciares a nivel nacional, la ley de Basura Cero en la ciudad de Buenos Aires habilitando la incineración, o con los desmontes ilegales que se realizan en el norte del país, principalmente en la provincia de Salta.
Si Aranguren está realmente preocupado por alinear las políticas energéticas con el cuidado del medio ambiente, desde Greenpeace le sugerimos que: 1. Abandone la explotación de Vaca Muerta, 2. Corte los subsidios a la producción de combustibles fósiles e impulse su adopción en el marco del G20, 3. Presente una Estrategia de Desarrollo a largo plazo este año, coherente con el Acuerdo de París que requeriría tener un 100% energías renovables para 2050.
Ese sería el único guiño que desde Greenpeace podríamos ver con buena cara.