Noticia - 10 noviembre, 2011
Internacional- Greenpeace lanzó hoy una nueva y actualizada versión del Ranking Verde de Electrónicos , que ubica a la empresa Hewlett-Packard (HP) en el primer puesto respecto de otras marcas como Dell y Nokia, por alcanzar mejores calificaciones en criterios de producción sustentable. Samsung, Lenovo y LGE están penalizadas en esta edición por no mostrar avances en sus compromisos de eliminar sustancias tóxicas.
En este nuevo ranking Dell ocupa el segundo puesto ascendiendo de su posición número 10 en la versión anterior de este ranking. La empresa obtiene mejor puntaje por tener el objetivo climático más ambicioso, con planes para reducir sus emisiones en un 40 por ciento para 2020. Por otro lado, Nokia ha sido la empresa que luego de tres años en la cima del ranking ha caído al tercer lugar, debido principalmente a un desempeño más débil en criterios relacionados a energía.
BlackBerry, de la empresa RIM (Research In Motion), fue evaluada por primera vez en este ranking verde, y ocupa los últimos lugares de la tabla ya que necesita mejorar la información y divulgación respecto de su desempeño ambiental. Sin embargo, RIM califica bien en criterios relacionados al uso de minerales de tierras raras provenientes de zonas mineras en conflicto y en su política del uso sostenible de papel.
Mientras que en la última edición del Ranking Verde se evaluó el comportamiento de las empresas según criterios de energía, ecodiseño de productos y responsabilidad extendida del productor en el marco de la gestión de residuos electrónicos, en esta edición se incorporó un nuevo criterio que desafía a las empresas a reducir la huella de carbono en el sector de manufactura, en su cadena de suministro e inclusive establece metas ambiciosas respecto al consumo de energía renovable en la etapa de producción. Esta última versión contempla también lo referido a criterios para el suministro de papel y al uso de minerales de tierras raras provenientes de zonas mineras en conflicto.
Greenpeace publica trimestralmente el Ranking Verde de Electrónicos que evalúa el comportamiento de las empresas de la industria de la electrónica y sus productos en materia ambiental. Al mismo tiempo en Argentina, la organización ambientalista trabaja por la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos bajo el principio de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
El proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción del Senado, establece la responsabilidad legal y financiera de los productores de artefactos eléctricos y electrónicos sobre la gestión de los residuos que generan sus propios productos; la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación de nuevos aparatos y a su vez promueve el establecimiento de un sistema nacional para la reutilización y el reciclado de este tipo de residuos, para que sus materiales vuelvan a formar parte del proceso productivo y no terminen siendo arrojados en basurales o rellenos contaminando el suelo, las napas de agua y el aire.
"Hoy la mayoría de los aparatos eléctricos o electrónicos que se comercializan en Argentina y se utilizan diariamente contienen componentes tóxicos y sustancias contaminantes. Cuando esos aparatos se convierten en residuos pueden contaminar el suelo, el agua, el aire y la salud de aquellos que los manipulan o viven en cercanías de los rellenos o basurales donde son tirados", señaló María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace Argentina. "Hoy esta clase de residuos, entre los que encontramos teléfonos celulares, computadoras, televisores, pilas y baterías son desechados con los residuos domiciliarios, al tirarlos, además de generar contaminación, se están enterrando materiales valiosos como oro, platino, cobre, entre muchos otros, que deberían ser reintroducidos en procesos productivos", agregó.
Desde Greenpeace consideraron como urgente y necesaria la sanción de un marco normativo que establezca una infraestructura de reciclaje y recuperación de materiales, de correcta gestión y tratamiento de esta clase de residuos; que se establezca la responsabilidad (legal y financiera) individual del productor como concepto político y se prevean incentivos para reducir la presencia de residuos peligrosos y complejos en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos.
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