Activistas de Greenpeace encadenados se manifiestan pacíficamente contra la usina de carbón de Río Turbio en octubre del 2009.
Carta sobre el Proyecto de Legislación Antiterrorista e Inversiones: modificación del Código Penal sobre Prevención, Investigación y Sanción de Actividades Delictivas con Finalidad Terrorista
Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14 de octubre ante el Congreso de la Nación que tiene por finalidad reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien. El proyecto incorporaría al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. En estos casos se elevaría la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima.
El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público. Una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques.
Por ejemplo, actualmente la pena prevista por una usurpación es de 6 meses a 3 años, pero según este proyecto pasaría a ser de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista, introduciendo así el riesgo de la prisión efectiva. Además, este proyecto implicaría nuevas desproporciones en la escala penal: por ejemplo, quien cometiera un hurto en el contexto de una conmoción pública podría recibir una condena mayor que la que corresponde a un policía que ocasionara torturas.
La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo.
Si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo. Dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas.
Este tipo de reformas legislativas son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Observamos con profunda preocupación que, a fin de cumplir con las exigencias de organismos internacionales, se dispongan medidas de carácter penal que puedan vulnerar derechos fundamentales. Es necesario ubicar esta iniciativa en el marco de concepciones fuertemente instaladas en torno de las llamadas “nuevas amenazas” en discursos y propuestas sobre seguridad hemisférica. Perspectivas que, en ocasiones, bajo el pretexto de luchar contra los “nuevos” enemigos de la seguridad (que abarcan prioritariamente al narcotráfico y al terrorismo), incluyen respuestas fuertemente punitivas a problemáticas políticas, económicas, sociales, de salud pública o medioambiental. El diagnóstico de “las nuevas amenazas” suele extenderse sin matices sobre la región, a través de propuestas que desconocen particularidades de la situación del delito de cada país, así como el marco normativo interno.
La reforma implicaría, además, graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas.
Manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y llamamos a las autoridades políticas a abstenerse de aprobar esta reforma en tanto constituye una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal mediante la incorporación de figuras inconstitucionales, el aumento de penas y la legitimación de la persecución penal a la protesta social.
Para adherir enviar mail a: 
Organizaciones que adhieren:
1) Organizaciones nacionales:
• AADI –Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena
• ACIJ (asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia)
• CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
• CEPPAS (Centro de Políticas Publicas para el Socialismo)
• A.E.L. (Asociación Ecológica de Lanús), Miembro de RENACE (Red nacional de Acción Ecologista de Argentina)
• Agrupación política Colectivo por la Igualdad. Centro de Estudio y Acción por la Igualdad
• ALERTA ANGOSTURA, Provincia de Neuquén.
• Asamblea ¡Córdoba Ciudad Despierta!
• Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Sierra de la Ventana (Buenos Aires)
• Asamblea de Organizaciones y vecin@s movilizados por la soberanía alimentaria. Región del Alto Valle- Río Negro.
• Asamblea Popular del Cid
• Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza
• Asamblea Villa Giardino Despierta (Córdoba)
• Asambleas Ciudadanas Riojanas
• Asociación Ambientalista y de Calidad de Vida "Pacto Verde", Monteros, Provincia de Tucumán.
• Asociación Civil Amigos de Guapoy
• Asociación Civil Grupo de Planificación Sustentable (GPS), de Bariloche.
• Asociación Civil Hermanos de la Tierra
• ASOCIACION DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS
• Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina
• Asociación Promoción Para La Cultura Y Desarrollo en Argentina- APCD (Formosa)
• ATE ROSARIO – a través de Gustavo Martínez Secretario General
• Be Pe - Asociacion Civil Bienaventurados los Pobres (Catamarca)
• Biblioteca Popular Obrera Maria Luisa Buffo de Ferro, Monteros, Provincia de Tucumán.
• Campaña Salvemos al Iberá,
• CAUCE UBA (Corriente Antiburocrática Universitaria Contra la Explotación - Universidad de Buenos Aires).
• COB La Brecha (Corriente de Organizaciones de Base - La Brecha).
• COEPSA (Centro Oeste de Estudios Politicoas y Socioambientales)
• Colectivo por la Igualdad (CxI)
• Colectivo Voces Alerta
• Comunicación por la Libertad (CxL)
• Comunidad Tehuelche-Mapuche "GAJNA INA ÜYEY A GAYAU - AZ WAIWEN KÜRRÜF, Dolavon, Chubut
• Conciencia Solidaria ONG Interprovincial
• Consejo Asesor Indígena (CAI) de Río Negro
• Consejo Departamental de Comunidades departamento de Cochinoca provincia de Jujuy
• Eco –Sitio Portal de Medio Ambiente y Ecología
• Ecos de Saladillo (Buenos Aires)
• ENDEPA: Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
• Espacio CuCoco en la Huerta de Saavedra
• Federación de Entidades de Fomento y Organizaciones del Pueblo de Quilmes.
• Frente Cívico por la Vida de la Provincia de San Juan
• FORO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA PATAGONIA SEDE COMODORO RIVADAVIA (Chubut)
• Fundación Ecosur Ecologia, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur -filial Patagonia Norte-
• Greenpeace
• Hecho en Bs. As.
• Jóvenes de la CC ARI Mendoza
• Liberpueblo - Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo
• Los Verdes – Foro de Ecología Política
• MANBLAS – Movimiento de Articulación No Colonialista de Bases Latinoamericanas y Sociales (Neuquén)
• MOVIMIENTO DE PROFESIONALES PARA LOS PUEBLOS (MPP)
• Movimiento del Teatro del Oprimido de Jujuy (MTOJujuy)
• Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Neuquén)
• Organización Ecologista Guardianes del Iberá (Corrientes)
• Organizaciones Comunitarias de la Ciudad de Córdoba: Canal de las Cascadas, ElAmanecer, Comunidad Renó, Los Cortaderos, La Ilusión, Güemes, El Arca, Libertad, 2 de Mayo con SERVIPROH (Organización Social)
• PIDHDD- Capítulo Argentina - (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
• Pro-Eco Grupo Ecologista, Asociación Civil- Tucumán
• Puesto Informativo - ASANOA (Tucuman)
• Red por el Uso responsable del Agua de Traslasierra (Córdoba)
• Red Provincial de ONG’s de San Juan
• Secretaría DDHH CTA Chubut
• Servicio Jurídico para Pueblos Indígenas - Servijupi (Formosa)
• Sindicato de Empleados de la Justicia de Chubut Sitrajuch
• SOS Delta.org
• Sur para la Emancipación (Mendoza)
• Vecinos de Traslasierra por el Ambiente (Córdoba)
2) Personas:
• Elia Espen MADRE PLAZA DE MAYO
• Emanuel Marcos Abínzano
• Felipe Ochsenius del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP)
• Julio Raffo (diputado de la ciudad por Proyecto Sur, Vicepresidente Segundo de la Legislatura porteña)
• Luis Cruz (comunicador social)
• Luis Zamora - Autodeterminación y Libertad
• María Laura Barroso Baldi
• Mario Hernandez. Periodista. Miembro de la Com. Directiva de la Coord. de Medios de la CABA (COMECI).
• Maristella Svampa (Voces de Alerta)
• Pablo Bergel, vecino diputado de la CABA
• Roberto Gargarella
3) Organizaciones de otros países:
• Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA, Guatemala
• Asociación Tierra y Libertad para Arauco (Francia)
• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN BOLIVIA - CEDIB.
• COLECTIVO DE COORDINACION DE ACCIONES SOCIO AMBIENTALES (COLECTIVO CASA) DE BOLIVIA
• Comisión de Apoyo a los Pueblos Originarios de Chile
• Defensoría Internacional por el Derecho de los Pueblos (DIDEPU)
• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (Perú)
• JUVENTUD ECOLOGISTA EN ACCION - JEA DE ORURO/BOLIVIA
• Mouvement pour la Coopération Internationale-Suisse (MCI)
