Río+20: ¿Quién tiene una posición débil?
Buenos Aires, 12 de junio de 2012
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Sra. Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental
Lic. Silvia Révora
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Nos dirigimos a Usted para manifestarle nuestro rechazo a las desafortunadas consideraciones vertidas sobre las organizaciones ambientalistas en la entrevista realizada a su persona por el diario Página 12 el pasado domingo 10 de junio.
En primer lugar desde Greenpeace Argentina queremos recordarle que, en referencia al financiamiento, son 85 mil argentinos los que sostienen a nuestra organización para su funcionamiento. Asimismo, consideramos que en sus apreciaciones ha realizado una descalificación gratuita hacia una inmensa cantidad de personas que trabajan honestamente en organizaciones de nuestro país.
En segundo lugar, Usted considera la posición de las organizaciones cómo débil pero no aclara el por qué de su calificación. No celebrar la posición Argentina no es tener una posición débil. Por el contrario, creemos que en materia de desarrollo sustentable y protección del ambiente y los recursos, la situación Argentina es muy débil.
Cómo organización ambientalista no podemos adherir a una posición de gobierno que enumera como logro leyes y programas ambientales, que son una conquista de la sociedad civil a través de sus demandas públicas frente a diferentes gobiernos y al sector corporativo, pero que hoy son sistemáticamente ignoradas. Leyes como la de protección de bosques nativos, de protección de glaciares, de promoción de las energías renovables, de gestión de residuos entre otras, hoy no son respetadas, ya sea por su vaciamiento económico, su falta de implementación, la falta de reglamentación de artículos clave o la falta de promoción.
En otros casos, la normativa detallada en la presentación oficial para Río +20 es desafiada por otras decisiones de gobierno que van a contramano; ejemplo de ello es la Ley que prohíbe la comercialización de lámparas incandescentes, cuya contribución ambiental (disminución de CO2 emitido por el ahorro energético) será anulada por la construcción de una usina de carbón cuyas emisiones echarán por tierra el esfuerzo colectivo del recambio de artefactos. (Recordemos además que la empresa española Isolux-Corsan responsable del proyecto, recibió los primeros fondos por parte del Gobierno Nacional antes de que se realizara el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública, desoyendo de esta forma a la Ley General del Ambiente, tan bien descrita en el documento oficial destinado a Río +20). En igual sentido se dirige la contradicción entre la presentación como logro ambiental de la Ley que protege los bosques nativos y el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (plan sin debate social), cuando la lógica indica que para cumplir con éste último se deberá avanzar en áreas cultivables hoy ocupadas por bosques y en teoría protegidas por ley. Lo mismo podemos decir de la contradicción entre el documento oficial y la realidad, cuando se enumeran un sin número de programas y normas de promoción a las energías renovables mientras en el terreno se avanza sobre la explotación de los combustibles fósiles no convencionales, la gran hidroeléctrica – considerada no renovable, de acuerdo a la mencionada Ley 26.190, y que conlleva grandes impactos ambientales–, y la energía nuclear, una tecnología peligrosa, que se mantiene sólo por los subsidios estatales y sin consenso social.
Tampoco podemos adherir a un documento que mientras muestra como un avance en materia ambiental a la Ley de Bosques Nativos, en la práctica la desfinancia año a año. Tampoco adherimos a un documento que no cuestiona el modelo de sojización al que ha sido sometido el país desde los años 90, altamente dependiente de organismos modificados genéticamente como de agrotóxicos.
No es posible adherir a un texto en el que se establece el desarrollo sostenible en base a la “minería sustentable”, concepción que representa una contradicción en sí misma. El documento oficial parece olvidar, además, que existen numerosos cuestionamientos a esta actividad extractiva: poblaciones enteras se niegan a sufrir los impactos que las empresas multinacionales ocasionan en sus territorios, mientras que desde el gobierno se promueve la derogación de leyes provinciales –muchas, fruto de la participación social–, que prohíben la actividad. Además, la única ley nacional que pone un límite a la actividad (Ley de Glaciares) fue vetada primero por la Presidente de la Nación y, luego de ser aprobada por el Congreso Nacional por segunda vez, se encuentra prácticamente paralizada: primero por una reglamentación incompleta, y luego por la falta de intervención de los gobiernos nacional y provinciales ante la justicia, frente a las medidas cautelares presentadas por empresas como Barrick Gold.
Ante este número de contradicciones: ¿quién tiene una posición débil?
Queremos además recordarle que Greenpeace es crítico de las posiciones de los gobiernos de diferentes países de acuerdo a cada uno de los puntos de debate dentro de la Cumbre. También reconocemos puntos fuertes, un ejemplo de ello es la discusión sobre la creación de un Acuerdo sobre Biodiversidad Marina en Aguas Internacionales, en la que el protagonismo de nuestro país ha sido destacable y lo hemos reconocido públicamente y directamente con los funcionarios encargados de representarnos.
Desde las COP´s hasta Río hemos considerado siempre el principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Sin embargo la posición de Argentina y otros miembros del G77 sugiere que los únicos que deben hacer un esfuerzo importante son los países denominados ´desarrollados´. Si bien éstos son los principales responsables de la crítica situación planetaria y deben hacer el mayor esfuerzo por ello, nuestro país como muchos otros deben asumir parte del esfuerzo de acuerdo a sus posibilidades y capacidad, no solo para no repetir los errores pasados, sino porque el planeta tiene límites finitos para absorber los efectos ambientales. La postura implícita del gobierno argentino ´queremos que nos dejen seguir contaminando tal como ellos lo hicieron en el pasado´, implica el envenenamiento del suelo, aire, agua y de nuestros propios conciudadanos. Esto es inadmisible. Los argentinos tienen el mismo derecho a vivir en un ambiente sano que los habitantes de los países desarrollados y del resto del mundo.
La iniciativa de incrementar la gobernanza ambiental global bajo Naciones Unidas no proviene solamente de países desarrollados, la misma ha sido apoyada también por países en desarrollo. Entre los objetivos de la misma, se encuentra responsabilizar y hacer rendir cuentas a las corporaciones multinacionales por su comportamiento ambiental, más allá de los límites de su casa matriz.
En Greenpeace creemos que la protección del ambiente global requiere de un organismo que pueda colaborar en el intercambio de tecnologías realmente sustentables y hacer cumplir los objetivos sociales y ambientales a quienes se aprovechan de un estado actual en el que los responsables de las catástrofes ambientales no son sancionados.
Por otro lado, Usted hace omisión de que uno de los pilares del debate del Desarrollo Sustentable, desde la Cumbre de Río-1992, es la eliminación de subsidios a las industrias destructivas, como ser los subsidios a los combustibles fósiles, a la sobrepesca, la agricultura industrial contaminante, y la deforestación. Por lo tanto, no es cierto que en la cumbre no se debatan qué actividades son sustentables y cuales no. No puede escaparse del tema minero por esta vía.
Lamentablemente, lo que Usted denomina “nuestro propio desarrollo sustentable”, ha sido una política extractivista vigente hasta nuestros días, que ha priorizado los intereses de grandes corporaciones por sobre la salud y el sólido desarrollo social.
Por último, cumplimos en Argentina 25 años de independencia económica y política y esos son nuestros valores. Creemos que en Río de Janeiro debe llegarse a un acuerdo y que éste debe ser justo. Rio+20 debe servir a las personas y al planeta. La transición hacia una economía ecológica debe ser justa y equitativa, sacar a las personas de la pobreza, respetar los límites planetarios y comprometerse con un programa de trabajos verdes. Puesto que las emisiones mundiales de CO2 para el clima deberían alcanzar su pico en pocos años, no podemos permitirnos no lograr suficiente progreso otras dos décadas.
Sin otro particular, saludan a Usted
Lic. M. Eugenia Testa
Directora Política
Greenpeace
Milko Schvartzman
Unidad de Campañas
Greenpeace
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