Noticia - 15 febrero, 2010
Después de casi dos años de la injustificada detención de Junichi Sato y Toru Suzuki por denunciar la corrupción en la industria ballenera, comenzó el juicio a los activistas.
Junichi y Toru llegan al juicio.
El juicio se inició con la fiscalía luchando por demostrar sus propios argumentos y los testigos viéndose obligados a estar de acuerdo con la defensa en determinados puntos clave.
Aunque Japón sostiene que la caza de ballenas se realiza en concepto de "investigación científica", pagada con los impuestos de Japón, la matanza de las ballenas está en manos de una compañía comercial.
Un testigo de esta compañía y otro de la empresa de mensajería utilizada para transportar la carne contrabandeada en todo el país estaban en el tribunal para testificar acerca de la comercialización de la carne de ballena. Si bien la historia cambió levemente desde las declaraciones originales, algo se hizo evidente: nada tenía que ver con la "investigación científica".
Por otro lado, el jefe de ventas de Kyodo Senpaku - la empresa contratada por el Instituto de Investigación de Cetáceos del Gobierno para llevar adelante la flota ballenera - admitió en el interrogatorio que se entregaron "souvenirs" de carne de ballena a la tripulación. El costo de los mismos no fue contabilizado en las declaraciones financieras a pesar de que el programa de caza de ballenas es un proyecto financiado por el Gobierno. Previamente esta misma persona había realizado declaraciones públicas en la que insistía en que no existía una práctica de entregar carne de ballena a modo de "souvenir". También admitió bajo juramento que tras las denuncias de Greenpeace en 2008 los llamados "souvenirs" dejaron de entregarse a los oficiales de la flota.
La fiscalía también citó a declarar al gerente de la compañía de mensajería Transporte Seino, que transportaba las cajas de carne de ballena por el Japón en abril de 2008, tras el regreso de la flota del Santuario Ballenero Austral. En su testimonio confirmó que había pagado al propietario de la caja aproximadamente 30.000 yenes (300 dólares) de su propio bolsillo sin haber registrado nunca esa compra. También admitió que el propietario le había dicho que la caja contenía alimentos y no "cartón", tal como figuraba en la hoja de contenidos descriptos.
La decisión de empezar este proceso judicial y esta persecución política a los activistas fue tomada por el anterior gobierno japonés. El nuevo Gobierno puede enmendar la vergonzosa postura del anterior al asegurar un juicio justo que se adhiera a las normas jurídicas internacionales y al dictamen de la ONU. Además, debe volver a investigar las demandas originales realizadas por Junichi y Toru.
El Primer Ministro Hatoyama ya ha demostrado su liderazgo el diciembre pasado en Copenhague, donde se destacó por su apoyo a un justo y ambicioso pacto contra el cambio climático. Ahora tiene la oportunidad de ser visto como un líder mundial también en materia de derechos humanos, velando por que la corrupción sea llevada a juicio, en lugar de los hombres honorables que la exponen.
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