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Greenpeace cuestionó este miércoles el informe elaborado por la consultora Hatfield Consultants Ltd para la Corporación Financiera Internacional (CFI) sobre el impacto ambiental de las plantas de celulosa en Uruguay.
Greenpeace consideró contradictorio que en el informe, por un lado, la CFI le reclame "mayor información a las empresas" y que, por otro, no realice "cuestionamientos estructurales a los proyectos". Según la organización, esta actitud se debe a que se procuró "brindar una serie de sugerencias que satisfagan tanto a la República Oriental del Uruguay como a la República Argentina", antes que realizar un análisis ambiental neutral y profundo.
Las opiniones de Greenpeace presentadas en un reciente informe de la organización señalaron que "esto puede verse con claridad al aceptarse la ubicación de las plantas tal como lo proponen las empresas", agregando que "el informe sólo procura ahondar en la información y en las razones que condujeron a las empresas a preferir ese emplazamiento lo cual no resuelve el problema, en todo caso, debería profundizarse las razones por las que el Estado Uruguayo permitió ese emplazamiento y si hubo o no injerencia en esa decisión por parte de los Estados involucrados (Uruguay y Argentina)".
Greenpeace recomienda en sus análisis que la CFI debe analizar ubicaciones alternativas que permitan minimizar los riesgos y los aspectos controversiales relativos al emplazamiento en Fray Bentos.
Sobre este aspectos la organización volvió a enfatizar que las plantas de Botnia y Ence deben reubicarse en sitios alejados de centros urbanos y turísticos, deben adecuar su escala de producción (máximo de 700.000 toneladas/anuales), utilizar tecnología TCF y su suministro de madera debe provenir de plantaciones certificadas (FSC).
Para Greenpeace el informe realizado por la consultora canadiense procura acercar tecnológicamente las plantas de Botnia y Ence al sistema de blanqueo que Greenpeace viene proponiendo, que es el sistema totalmente libre de cloro (TCF). "El informe realiza una serie de recomendaciones en el proceso de blanqueo cuyo objetivo es minimizar las descargas de AOX (compuestos organoclorados) y otros contaminantes. Para ello sugiere la utilización de un método "ECF-light" que procura alcanzar las cualidades ambientales del método TCF". Si bien Greenpeace considera que la propuesta significa una mejora a lo que plantean las empresas señala que el estudio de la CFI "debería justificar las razones técnicas y económicas que conducen a las empresas a optar por el método ECF antes que TCF".
Entre otras recomendaciones para reducir las descargas de las plantas, el Panel de Expertos contratados por la CFI recomienda la recuperación de efluentes de la planta blanqueadora lo cual constituye un aporte positivo. Sin embargo, para Greenpeace las recomendaciones de mejoras estructurales propuestas, si bien en la dirección correcta, no alcanzan para establecer criterios satisfactorios para el desarrollo de estas industrias. Es necesario establecer una serie de regulaciones que conduzcan a la industria del papel hacia un sendero de sustentabilidad y cuyos criterios generales describimos en el "Plan de Producción Limpia para el sector del Papel" .
Greenpeace reitera que es imprescindible y urgente que la situación de las plantas de Botnia y Ence sea resuelta por medio de una negociación bilateral a nivel presidencial y que una comisión binacional parlamentaria debería elaborar recomendaciones para establecer marcos regulatorios comunes entre ambos países para toda la industria del papel.
"La industria del papel ya genera impactos con las plantas existentes, a lo que debemos sumar los numerosos proyectos existentes que se quieren instalar en la región, además de Botnia y Ence, por lo que es urgente un marco regulatorio que imponga criterios ambientales rigurosos al sector", sostuvo Juan Carlos Villalonga, director Político de Greenpeace Cono Sur.