En una audiencia pública realizada en febrero, representantes de diecocho comunidades indígenas reclamaron a la Corte que se detengan los desmontes en sus territorios.
Greenpeace celebró hoy el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que extiende la suspensión de los permisos para las actividades de tala y desmonte en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria en la provincia de Salta, por considerar que pueden causar un perjuicio irreversible. La medida fue dictada hasta tanto la provincia, junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, elaboren un estudio de impacto ambiental acumulativo que de cuenta de las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades a nivel regional.
"El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia es trascendental, ya que no sólo aplica el principio precautorio hasta tanto se realice una evaluación de impactos ambientales y sociales, sino que además plantea la regionalidad de la evaluación. Esto significa que por primera vez se tienen en cuenta los impactos acumulativos del desmonte y de la tala a nivel regional y provincial y sus consecuencias sobre el régimen climático de toda la región y los efectos sobre sus habitantes; esto es importante en estas zonas, habitadas por pueblos originarios y pequeños productores. Estos y otros desmontes en Salta se autorizaron con estudios de impacto ambiental prediales, y sin participación de los afectados, por eso, la factibilidad siempre resultó positiva, sin considerar por ejemplo, que se transforman tierras de uso tradicional wichi, que con ello sufren pérdidas irreversibles" señaló Noemí Cruz, Coordinadora del NOA de Greenpeace.
La Corte consideró que "…se ha demostrado claramente que se otorgan autorizaciones para la tala y desmonte tomando en consideración el impacto ambiental de cada una de ellas, pero no se ha efectuado ningún estudio relativo al efecto acumulativo de todas las autorizaciones. La tala y desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrán un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar…". Asimismo y teniendo en cuenta este antecedente la Corte ha estimado que "se configura entonces una situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región…".
A partir de la aplicación del principio precautorio, el máximo tribunal obliga al gobierno de Juan Manuel Urtubey a suspender toda autorización de desmonte y tala en los cuatro departamentos y establece un plazo de 90 días para la realización del estudio de impacto ambiental.
Por otro lado, la Corte planteó entre sus considerandos que por falta de la cartografía del Ordenamiento Territorial exigido por la Ley de Bosques no existe una determinación precisa de las áreas que podrían ser categorizadas como sectores de muy alto o de mediano valor de conservación. La ausencia del mapa, sumada a la vigencia de las autorizaciones de desmonte y tala otorgadas, justifican la suspensión de dichas actividades.
"Esperamos que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia de Salta que presente el gobernador Urtubey contemple las evaluaciones y las opiniones de las organizaciones ambientalistas y de las comunidades que habitan los bosques, ya que continuar con este ritmo de destrucción de los recursos forestales producirá un desastre ambiental y social que afectará seriamente la biodiversidad, el clima, la regulación hídrica, a cientos de comunidades campesinas e indígenas que dependen de los bosques para su subsistencia, y a los habitantes de la provincia en general", afirmó Cruz.
En diciembre pasado, la Corte resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por comunidades indígenas de Salta y ordenó al Gobierno de la provincia el cese provisional de los desmontes y la tala de bosques nativos autorizados durante el último trimestre de 2007 en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria. Además, requirió al estado provincial un informe con los datos de todas las personas físicas y jurídicas que solicitaron y obtuvieron esas autorizaciones. En febrero último, los Ministros de la Corte convocaron a una audiencia pública para debatir el caso.
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas.
"Desde Greenpeace hemos venido reclamando por el cese de los desmontes en la provincia que ya ha entregado muchas hectáreas a la depredación. Es por eso que exigimos que no se otorgue ni una hectárea más de bosques en el proceso de Ordenamiento Territorial exigido por la Ley de Bosques" concluyó Cruz.