Noticia - 30 julio, 2009
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la incorporación de Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre Argentina en el amparo que comunidades campesinas e indígenas mantienen contra la provincia de Salta y el Estado Nacional por la deforestación en sus territorios.
Comunidades indígenas reclamaron el fin de los desmontes en sus territorios. Greenpeace y otras ONG podrán presentar opinión calificada ante la Corte Suprema de Justicia sobre el futuro de los bosques.
Las organizaciones ambientalistas se suman a la causa luego de que la Corte les concediera un "Amicus Curiae" (Amigos del Tribunal); esta resolución permite la presentación ante el tribunal de una opinión calificada que permitirá arribar a una solución más justa e integral del caso. La causa en la que intervienen las ONG está caratulada como "Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/ amparo".
La presentación de las tres organizaciones se fundamenta en el trabajo que llevan adelante desde hace varios años en defensa de los bosques nativos. El avance de la deforestación en la provincia de Salta y las graves consecuencias que produce sobre el ambiente y la vida de las comunidades campesinas e indígenas motivó a las ONG a aportar a la Corte información calificada respecto de la situación actual y el futuro de los bosques, y recomendaciones para el desarrollo sustentable de la provincia.
La Corte Suprema suspendió el 26 de marzo pasado el desmonte y la tala en cuatro departamentos de la provincia (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria) tras una medida cautelar presentada por comunidades campesinas e indígenas. El fallo se basó en que "la tala y el desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrán un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar", por lo que "se configura entonces una situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región".
La suspensión estará vigente hasta tanto la provincia, junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, elaboren un estudio de impacto ambiental acumulativo que de cuenta de las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades a nivel regional y presente la cartografía del Ordenamiento Territorial de las zonas boscosas exigido por la Ley de Bosques que determinará de manera precisa las áreas que podrán ser explotadas y las que deberán ser conservadas.
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002, la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, hasta llegar a las 414.934 hectáreas. Durante el año 2007, en pleno tratamiento parlamentario de la Ley de Bosques, el gobierno salteño autorizó el desmonte de 523.722 hectáreas, evitando la moratoria que la norma establece.