Greenpeace instaló en Tokio una gran escultura de una ballena frente a la cámara legislativa de Japón para recordarle a los dos líderes que cumplan con sus promesas electorales de acabar con la corrupción y financiación de la llamada caza “científica” de ballenas.
Un comité de revisión del Gobierno japonés ha identificado más de 200 programas financiados por el Gobierno que deberían ser analizados, entre los que destacan dos que podrían tener un impacto directo en la financiación de la caza de ballenas -el programa de subvenciones de la Overseas Fishery Cooperation Foundation (OFCF) y el del Ministerio de Asuntos Exteriores-. La OFCF financia directamente al Instituto para la Investigación de Cetáceos, que realiza la caza "científica" de ballenas (1), y el Ministerio de Asuntos Exteriores usó la "compra" de votos para apoyar dicha caza en la Comisión Ballenera Internacional (CBI).
Greenpeace emitió una propuesta en la que recomienda la revisión del programa por sus numerosas irregularidades, ya que no sólo es objeto de numerosos casos de corrupción (2), sino que también supone un gran despilfarro de impuestos, que alcanza los 795 millones de yens anuales (8,8 millones de dólares americanos), en subvenciones del Gobierno.
Durante las elecciones de este año, el Primer Ministro Hatoyama prometió eliminar la corrupción en las agencias gubernamentales y erradicar el derroche del dinero de los contribuyentes japoneses. La industria ballenera es un ejemplo claro de estos dos casos y además influiría de manera positiva en la Administración de EEUU.
La revisión propone cuatro criterios para determinar si el Gobierno debe continuar financiando el programa. La propuesta presentada por Greenpeace al comité de revisión demuestra que la caza "científica" de ballenas incumple tres de ellos.
1. Uso apropiado del dinero del contribuyente: El objetivo del programa ballenero es recoger información para permitir una reanudación de la caza comercial de ballenas. La caza comercial está actualmente prohibida por regulaciones internacionales y la principal compañía comercial ballenera en Japón ha dejado claro que no tiene intención de retomarla dada la falta de demanda.
2. Efectividad del programa: Una revisión de los primeros 18 años del programa ballenero concluyó que había fallado en el cumplimiento de sus objetivos.
3. Eficiencia del programa: El programa es deficitario y la ICR es incapaz de devolver los préstamos al Gobierno por el alto coste de las operaciones y la caída del precio debido a la escasa venta de la carne de ballena.
4. Mayores necesidades que otros programas: Este programa no es necesario de manera nacional ni internacional.
Si el nuevo primer Ministro Hatoyama revisa el programa y recorta la ayuda, demostrará a los japoneses que cumple sus promesas electorales. La revisión acabará días antes de que el presidente Obama visite Japón y el Primer Ministro tiene una oportunidad única de resolver un punto de desacuerdo con los Estados Unidos.
Notas:
(1) Declaración del departamento de EE.UU. sobre la caza de Ballenas: Estados Unidos se compromete a avanzar en la conservación y gestión global de las poblaciones de ballenas a través de políticas científicas y liderar la Comisión Ballenera Internacional (CBI). Estados Unidos ve como necesaria la continuación de la moratoria ballenera internacional como medida necesaria y cree que el estudio científico que implica la muerte de ballenas es innecesario en una gestión ballenera moderna.
(2) En abril de 2008 Greenpeace comenzó una investigación a partir de las declaraciones de un informante, donde se destapó el mayor escándalo de corrupción del Gobierno japonés con el programa de caza de ballenas del Santuario Ballenero Austral, financiado con los impuestos japoneses. Siguiendo esta información Junichi Sato y Toru Suzuki comenzaron una investigación en el programa ballenero. Estos dos activistas interceptaron una caja con carne de ballena procedente de la supuesta caza "científica" cuyo fin era su venta en el mercado, y la presentaron como evidencia en los tribunales japoneses para demostrar la existencia de corrupción en el programa de caza de ballenas subvencionado por el gobierno.
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