Campesinos y Greenpeace “delimitan” la expansión de la frontera sojera.
Organizaciones sociales, campesinas e indígenas de todo el país, entre las que se encuentran la Federación Agraria Argentina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Organización de Pueblos y Naciones Indígenas en Argentina (ONPIA) y la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) manifestaron este martes su preocupación por las demoras en la sanción de la ley de Emergencia Forestal ya que "en este proceso de destrucción del medio ambiente cientos de familias campesinas e indígenas son desalojadas, en muchos casos de manera violenta".
Bajo el título "Paren los desmontes. Paren los desalojos. Ley de Bosques Ya", (1) las organizaciones enviaron esta semana una carta a los diputados nacionales solicitándoles la urgente sanción de la "Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental del Bosque Nativo", que impulsan el diputado nacional Miguel Bonasso y Greenpeace, y que establece una moratoria a los desmontes en todo el país, a partir de la cual cada provincia deberá desarrollar un ordenamiento territorial en las zonas de bosques nativos para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales.
La ley fue aprobada en general la semanada pasada por la Cámara de Diputados y mañana será votada en particular, artículo por artículo.
Pequeños productores, campesinos e indígenas manifestaron que esperan que la norma sea aprobada sin modificaciones lo antes posible por los legisladores y recalcaron la necesidad de que se respeten sus artículos originales, ya que consideran que la misma "será una eficaz herramienta para terminar con los constantes desmontes irracionales y desalojos de comunidades campesinas e indígenas".
"Lamentablemente en Santiago del Estero los desmontes y los desalojos no se detienen. Hemos presentado varias notas a la Dirección de Recursos Naturales para que no se autoricen más desmontes en lugares donde viven familias campesinas, ya que están poniendo en riesgo su lugar de vida y subsistencia, causando perjuicios imposibles de reparar", señaló Nelly Véliz, presidenta del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.
Por año se desmontan 250.000 hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco Seco, donde se produce el 70% de la deforestación por la expansión agrícola (sobre todo por el monocultivo de soja transgénica) y ganadera. El Chaco Húmedo y la selva pedemontana de las Yungas forman parte también de la lista de áreas amenazadas. La Selva Misionera alberga la más alta biodiversidad del país, pero sólo queda un 7% de la superficie original, y la mayor parte se encuentra en nuestro país, ya que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida. A la destrucción del bosque para conversión en tierra de cultivo se le suma el reemplazo de selvas por forestaciones implantadas, para uso industrial.
"Las provincias con las más altas tasas de deforestación, como Salta, y Misiones están tratando de desvirtuar el espíritu original de la Ley. Necesitamos frenar los desmontes por un tiempo, hacer el ordenamiento territorial de los bosques nativos en cada provincia y realizar estudios de impacto ambiental. Sin estos instrumentos la Ley de Bosques pierde sentido", señaló Juan Carlos Villalonga, director Político de Greenpeace Argentina.
La Ley establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritarios cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.
"Los desmontes irracionales producen pérdida de biodiversidad, desertificación e inundaciones. En este proceso de destrucción cientos de campesinos e indígenas, tradicionales ocupantes de nuestros bosques, son desalojados por las topadoras, y muchas veces esto sucede con permiso de las provincias. Contrariamente a los que señalan los diputados de Misones y Salta, esta ley rotegerá a los pequeños productores y a las comunidades campesinas e indígenas que viven en los bosques nativos", indicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Nota al editor:
1) Lista completa de organizaciones que adhieren a la ley: Greenpeace, Federación Agraria Argentina, ONPIA - Organización de las Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, FUNDAPAZ - Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz, Federación Amigos de la Tierra Argentina, MOCASE - Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Práctica Alternativa de Derecho - Asociación Civil (Santiago del Estero), Asociación de Productores del Bañado La Estrella (Formosa), Fundación para la Gestión e Investigación Regional (Formosa), UMPEPROCH - Unión de Medianos y Pequeños Productores Chaqueños (Chaco), Centro de Estudios e nvestigación Social Nelson Mandela (Chaco), Asociación de Pequeños Productores de Madrejones (Salta), Asociación Para el Desarrollo (Salta), Asociación Ambientalista Eco La Paz (Entre Ríos), Comité La Paz Foro Social Mundial (Entre Ríos), Grupo López Jordán - Frente Transversal Nacional y Popular (Entre Ríos), FM Activa (Santa Fe), Radio Cultural (Reconquista, Santa Fe), Concejo Deliberante de Cnel. Marina Leonardo Rosales (Punta Alta, Buenos Aires), Fundación Casa Grande (Uribelarrea, Buenos Aires), Asociación Educativa y Cultural El Puente (Vicente López, Buenos Aires)