Noticia - 5 enero, 2006
Conflicto con las papeleras Botnia y Ence: Greenpeace reclamó al Gobierno Uruguayo la paralización de las obras y advirtió que las plantas usran tecnologías altamente contaminantes
La organización ambientalista Greenpeace reclamó al gobierno uruguayo la paralización de las obras de las papeleras Ence y Botnia en Fray Bentos y exigió la puesta en marcha de un plan de producción limpia para la industria celulósica en la región, durante una reunión con funcionarios gubernamentales.
En una reunión con la subsecretaria de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alicia Torres, Greenpeace le advirtió que Botnia y Ence contaminarán el río Uruguay, ya que utilizarán tecnologías sucias, con estándares que no satisfacen los modelos más avanzados de producción limpios disponibles.
Asimismo, Greenpeace entregó un informe en el que demanda la suspensión de las obras de ambas plantas hasta tanto ambos países acuerden un "Plan de Producción Limpia" para este sector industrial, y reclamó que se suspenda la
construcción de la terminal portuaria de Botnia sobre el río Uruguay.
En el encuentro con los funcionarios dependientes del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la organización ambientalista reclamó la adopción de un Plan de Producción Limpia que convierta al sector papelero en una actividad industrial sustentable, con criterios de sustentabilidad en la obtención de las materias primas, en el propio proceso industrial (plantas totalmente libres de cloro y circuito cerrado de efluentes) y criterios de consumo (reciclado y disminución de demanda).
"Las plantas de Botnia y ENCE no cumplen con dichos criterios, por lo tanto nos oponemos a las mismas", expresó Juan Carlos Villalonga, director Político de la organización ambientalista internacional.
Desde los años '90, Greenpeace ha sostenido que la industria del papel necesita de una transformación para evitar las consecuencias negativas de su actividad y ha denunciado la contaminación producida por las plantas celulósicas instaladas en la Argentina.
Greenpeace considera que dada las características de las plantas, sus dimensiones y el tiempo que permanecerán operando (alrededor de 40 años) deberían hacer reflexionar a las autoridades de ambos países para superar el conflicto acordando un criterio único sobre este tipo de emprendimientos.
Villalonga indicó que "dentro de 40 años habrán pasado a la historia los actuales funcionarios y serán las poblaciones a la vera del Río Uruguay quienes sufrirán las consecuencias de una decisión que se está adoptando hoy. Es por esta razón que Greenpeace demanda hoy la adopción de un Plan de Producción Limpia para el sector papelero".
"A pesar de las múltiples promesas de modernidad, controles y tecnologías de protección ambiental, las plantas que se proponen establecer en Uruguay son las mismas plantas que en todas partes del mundo reciben un permanente cuestionamiento por sus impactos ambientales y son cada vez más arrinconadas por legislaciones que procuran ponerle límites a la contaminación", señaló Villalonga.
Por otra parte, Greenpeace indicó que el estudio encargado por la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) para evaluar las obras, es un "análisis para uso propio de la entidad financiera" y "no constituye de modo alguno un estudio vinculante o que deba ser utilizado como referencia por ambos gobiernos".
La CFI realiza este estudio para cumplir con sus normas internas y utiliza criterios propios de evaluación ambiental y criterios de referencia que considera apropiados.
Estos criterios representan, en líneas generales, parámetros ambientales que la industria de pasta celulósica ha admitido como válidos a nivel mundial y esto no representa necesariamente parámetros ambientalmente sanos.
Según el dirigente de Greenpeace, "la CFI, como parte del Grupo Banco Mundial, no es la entidad más adecuada para realizar una evaluación de estos emprendimientos. Su neutralidad está en cuestión desde el momento en que el
Banco Mundial ha sido un activo promotor de las inversiones forestales en el Uruguay". Dichas inversiones han generado las condiciones necesarias y propicias para que ahora se desarrollen proyectos como los de ENCE y Botnia, por lo tanto, resultan ser una consecuencia directa de la política aplicada por el Banco Mundial en Uruguay durante la década de los '80.
Como contraparte, Greenpeace propuso a los gobiernos de Argentina y Uruguay que el Grupo Técnico de Alto Nivel Argentino-Uruguayo (creado para discutir el impacto de las papeleras sobre el ecosistema compartido del Río Uruguay) elabore "un Plan de Producción Limpia regional para la industria y que se rechace de plano el uso de tecnologías que utilicen el cloro en la fase del blanqueo de la pulpa celulósica".
Además, "tanto las plantas industriales como plantaciones forestales, deben estar sujetas a la aprobación de las comunidades que se verán afectadas por tales emprendimientos y deben ser estudiados sus impactos ambientales y socioeconómicos", agregó Villalonga.
Durante las últimas dos décadas, el Gobierno de Uruguay, con el apoyo de donantes bilaterales (como la JICA) y multilaterales (Banco Mundial), ha promovido las plantaciones forestales. Entre 1985 y 2002, la exportación de productos forestales de Uruguay se elevó catorce veces.
Greenpeace reclama a los gobiernos de Argentina y Uruguay la elaboración de un "Plan de Producción Limpia para el Sector Papel", que involucre la eliminación del cloro en el proceso de blanqueo en el papel, extender el proceso de cocción y realizar el proceso de delignificación con oxígeno, eliminar totalmente los efluentes de las plantas de pasta y papel, aumentar el porcentaje de papel que es reciclado y el contenido de papel reciclado post-consumo en los papeles a la venta, establecer líneas de crédito blandas para la eliminación de los efluentes de las industrias del sector y la promoción y crecimiento de las empresas de reciclado y exigir la explotación sostenible de los recursos forestales.