Santiago del Estero violó la Ley de Bosques y autorizó desmontes

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Noticia - 11 junio, 2008
Greenpeace denunció hoy que el gobierno de Santiago del Estero autorizó un desmonte de 244 hectáreas a pesar de la moratoria que establece la Ley de Bosques.

Greenpeace denunció que el gobierno de Santiago del Estero sigue autorizando desmontes a pesar de la moratoria que establece la Ley de Bosques.

 Greenpeace denunció este miércoles que el gobierno de Santiago del Estero autorizó el desmonte de 244 hectáreas de bosques en el departamento de Pellegrini, en abierta violación de la moratoria establecida a partir de la sanción de la Ley de Bosques, aprobada y vigente desde fines de 2007.

Según Greenpeace, la directora provincial de Recursos Forestales y Medio Ambiente, Viviana Lavaysse, incumplió la normativa nacional al autorizar el pasado 4 de febrero el desmonte de 244 hectáreas con fines ganaderos en la Finca Amasuyo, ubicada cerca del paraje Agua Amarga, en el departamento Pellegrini.

La decisión de las autoridades santiagueñas quebranta también el artículo 35 de la Ley provincial 6.841 que prohíbe la eliminación del bosque por medio de desmonte total o parcial cuando afecten sitios de valor cultural, poblaciones y/o territorios de pueblos originarios o se lesionen derechos de poseedores conforme la ley de fondo, ya que la finca en la que se autorizaron los desmontes, a pesar de la resistencia de los campesinos, es utilizada como zona de pastoreo desde hace varias generaciones.

Según consta en la resolución 138 de la Dirección de Recursos Forestales y Medio Ambiente de Santiago del Estero, la autorización de este desmonte se realizó luego de que los propietarios de la finca, Oscar Walter Morizzio y Luis Javier Montero Alesanco, cancelaran una multa de $ 2.500 por el desmonte sin autorización de 438 hectáreas.

"A pesar de que las comunidades campesinas reclaman por la tierra, el agua y el monte desde hace años, los desmontes y los desalojos en Santiago del Estero no se detienen", señaló Nelly Veliz, vicepresidenta del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.

"Esta situación es realmente grave. Mientras Santiago del Estero no realice un Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos con los criterios y la zonificación que establece la Ley nacional, no puede emitir permisos de desmonte, menos aún si afectan a las comunidades campesinas que habitan esos terrenos y sin realizar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas", señaló Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

La Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como Ley de Bosques, establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte mientras realizan un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas, bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar los bosques utilizados por comunidades campesinas e indígenas.

Por otro lado, el año pasado la legislatura provincial aprobó la Ley de Conservación y Uso Múltiple de las Áreas Forestales de la provincia de Santiago del Estero, que disponía un Ordenamiento Territorial. Sin embargo, la zonificación agroecológica que establece, no se realizó bajo los criterios de Ley Nacional de Bosques, por lo cual debe ser adaptada a la nueva normativa en el transcurso de este año.

Santiago del Estero tiene el mayor índice del país en relación con la pérdida de bosques nativos: 821.293 hectáreas entre 1998 y 2006.

"Dada la Emergencia Forestal en la que estamos, es de vital importancia el cumplimiento de la moratoria vigente y que en los procesos de Ordenamiento Territorial las áreas en que podría llevarse a cabo la transformación del suelo sean nulas", afirmó Giardini.

Greenpeace pudo constatar que la moratoria a la autorización de nuevos desmontes se encuentra en vigencia en casi todas las provincias con altos niveles de deforestación.

En Salta, cuya superficie deforestada entre 1998 y 2006 alcanzó las 609.320 hectáreas y donde el año pasado el gobierno de Juan Carlos Romero autorizó en forma especulativa desmontes por más de 400.000 hectáreas, no se están autorizando nuevos desmontes.

La nueva gestión está revisando algunos de los últimos permisos, que presentan varias irregularidades y pueden afectar a comunidades indígenas y campesinas, y está realizando el Ordenamiento Territorial que establece la norma nacional.

En la provincia del Chaco, donde la superficie deforestada en el mismo período es de 245.465 hectáreas, la suspensión a los desmontes rige desde de mediados de 2006, aunque aún hay muchos desmontes ilegales por la falta de controles efectivos. El nuevo gobierno prometió convocar a todos los sectores para avanzar en el Ordenamiento Territorial.

La suspensión a la entrega de permisos de desmontes está también en vigencia en otras provincias con importantes niveles de deforestación, como Córdoba, Misiones, Formosa, Jujuy, Entre Ríos y Santa Fe.

 

 

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