Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace; Luis Armella, juez federal de Quilmes; y Anselmo Sella, defensor adjunto del Pueblo de la Nación.
Armella, al hablar esta mañana en un seminario sobre Producción Limpia para la Cuenca del Riachuelo, organizado por Greenpeace y la Defensoría del Pueblo de la Nación, dijo también que "hay que trabajar mucho sobre el control de las industrias, uno de los pilares de este plan de saneamiento, y esto implica romper con muchos compromisos, muchos acuerdos" y con "una cultura que se viene arrastrando desde hace muchos años".
"Vamos a trabajar hacia un norte, que va a ser un Riachuelo limpio. Vamos a ser totalmente respetuosos de la actividad productiva porque entiendo que son compatibles: se puede producir limpio, se puede producir en la forma en que se debe producir y no de otra manera.
Entonces, yo exhorto a las empresas a que además de gastar en abogados y estudios jurídicos, gasten en inversión para producir como se debe. Porque esta vez no va a haber dispersión judicial, recursos en Cámara, juzgados que -aún bien intencionados- diluyan decisiones claras y contundentes. Esta vez hay un solo juez y soy yo", enfatizó Armella.
En este sentido, el juez sostuvo que "hay que fortalecer a la (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) ACUMAR, independizarla de las coyunturas políticas, que sea políticamente estéril, técnicamente apta, éticamente muy proba, yo quiero dejar eso de la ACUMAR, que no esté dependiendo de las migajas que puedan tirarle los gobiernos de turno".
Armella aseguró también que velará porque "no haya ningún tipo de injerencia, ni política ni de ninguna otra clase en lo que haga al cumplimiento del saneamiento del Riachuelo" y sostuvo que "hay que dejar de verter sustancias que matan".
Por su parte, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, consideró que "se podrían haber generado planes de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo a partir del reclamo social o a partir de las recomendaciones de la defensoría del Pueblo, pero eso no ocurrió. Los cambios llegaron y se están ejecutando después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; es un mérito de muchos jueces haber avanzado en la protección de los derechos, lo que no significa sustituir a las autoridades naturales".
"Creemos que esto no es lo normal. Lo normal es que exista una cultura estatal de protección de los derechos. La Constitución Nacional dice que las autoridades proveerán la protección de los derechos ambientales; es la administración la que tiene que tomar la delantera. Y si empezamos a cumplir con nuestra Constitución habremos dado un enorme paso adelante", sostuvo Sella.
Por su parte, el director Político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, dijo que "cuando iniciamos esta campaña tratamos de mostrar la situación crítica no solo del agua a nivel internacional sino de lo que está pasando en la Argentina. A veces, quienes vivimos en esta zona, la cuenca Del Plata, tenemos una visión muy distorsionada de lo que pasa porque aquí, por las condiciones climáticas y por los ríos que tenemos, suponemos que hay sobreabundancia de agua, lo cual no es cierto".
Al respecto, Villalonga agregó "si nos alejamos 200 km de la ciudad de Buenos Aires o vamos a cualquier provincia nos encontramos con que el agua es un recurso crítico, que está sumamente contaminado y que genera enormes conflictos interprovinciales".
"La sociedad tiene que sentir que esta vez el esfuerzo para sanear el Riachuelo va en serio. El camino en que el avanzamos podrá tener retrocesos o ir en zigzag pero el objetivo de cumplimiento de la sentencia es ineludible. La cuenca Matanza Riachuelo no es muy grande pero está densamente poblada. La cuenca es lo que se llama un "área de sacrificio ambiental, es decir, todo lo peor puede pasar en la Cuenca", concluyó Villalonga.