Buenos Aires, 18 de agosto de 2010.- El Cuerpo Colegiado, coordinado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y conformado por 5 ONG (Asociación Vecinos de La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, Fundación Ambiente y Recursos Naturales -FARN-, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos -ACDH- y Greenpeace) realizó este miércoles un recorrido por el Riachuelo en virtud de la reciente resolución del máximo tribunal que requirió al Defensor del Pueblo su opinión respecto al grado de avance del Plan de Saneamiento.
El organismo de control advirtió que a 2 años del fallo histórico de la Corte Suprema, que condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, no existen avances que se traduzcan en mejoras en el territorio, y que la mayor parte de las obligaciones y plazos previstos en la sentencia no han sido cumplidos.
Entre los incumplimientos, el Cuerpo Colegiado señaló las demoras en la relocalización de los asentamientos que se encuentran sobre basurales, algunos de los cuales pueden verse a la vera del Riachuelo, y que aun no han sido censados. Por otra parte, destacó la falta de control de la contaminación de origen industrial, ya que la sentencia ordenó inspeccionar todas las industrias de la cuenca en 30 días, y dos años después solo se han controlado unas 3.000 de las más de 12.000 industrias que estarían establecidas.
El organismo remarcó además, la demora e ineficiencia en el saneamiento de basurales, que al momento de dictarse la sentencia contabilizaban 105 y a la fecha ya superan los 200. También declaró que resulta dificultoso medir objetivamente los avances en la gestión ya que el Plan de Saneamiento Ambiental no cuenta con un sistema de indicadores como lo ordenó la sentencia, otra manda que se suma a la numerosa lista de incumplimientos.
Si bien el Cuerpo Colegiado reconoció algunos avances en la limpieza de márgenes y remoción de buques, concluyó que el accionar gubernamental ha sido negativo (esta valoración ha sido señalada en numerosas oportunidades) y demandó la aplicación de las multas previstas en el fallo del máximo tribunal.
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