Comunicado de prensa - 9 octubre, 2012
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012- Los cuarenta activistas de Greenpeace que se instalaron desde la madrugada en las escalinatas del Congreso de la Nación, y estuvieron a punto de ser desalojados por la Policía, trasladaron su reclamo a puerta de la avenida Rivadavia, y finalizaron la manifestación en forma pacífica.
Link a las imágenes que se irán actualizando:
http://images.greenpeace.org.ar/FTP/20121009RAEECongreso
Los ambientalistas, caracterizados como Diputados y simulando estar preparados para detonar una bomba, habían desplegado un banner gigante con la leyenda “Diputados, no detonen la bomba. Ley de Basura Electrónica ya”. De esta forma los ambientalistas reclamaron una vez más, la urgente sanción de la Ley de Basura Electrónica, cuyo tratamiento se viene postergando en la Cámara Baja. De no ser aprobada en los próximos dos meses, perderá estado parlamentario.
En Argentina, cada año se generan más de 120 mil toneladas de basura electrónica. Sin embargo, en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción tóxica de residuos domiciliarios.
“Además de contener sustancias tóxicas, estos residuos tienen materiales valiosos que pueden ser recuperados y reciclados, que hoy se están tirando a la basura, más del 95% de un celular puede ser recuperado. No solo se contamina el ambiente sino que se dilapidan recursos valiosos que deberían ser reaprovechados por la industria”, dijo Bilbao.
La ley que reclama la organización ambientalista obliga a las empresas a hacerse responsables legal y financieramente de la gestión –reutilización y reciclado - de los residuos de sus propios aparatos y dispone la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación..
Greenpeace viene denunciando desde 2011 la falta de tratamiento de la Ley de Basura Electrónica por parte de las Comisiones de Ambiente, Industria y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Este año, además, los ambientalistas resaltan que es urgente su aprobación ya que el proyecto, en el cual colaboraron ONG, legisladores, recicladores y organismos de gobierno como el Instituto nacional de Tecnología Industrial (INTI) o la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, perderá estado parlamentario por lo que el proceso volverá a foja cero.
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