Comunicado de prensa - 20 marzo, 2012
Buenos Aires, 20 de marzo de 2012 - El Secretario de Ambiente de la Nación y titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Juan José Mussi y los representantes de las organizaciones de control designadas por la Corte Suprema coincidieron esta mañana en la necesidad de analizar la creación de un Registro Público de sustancias contaminantes.
Imagen disponible en:
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© Greenpeace / Martin Katz
En el marco de la Jornada sobre Derecho a Saber y Contaminación Industrial en la Cuenca del Riachuelo coordinada por Greenpeace y la Defensoría del Pueblo de la Nación, el director ejecutivo de la entidad ambientalista, Martín Prieto, reconoció avances en el proceso de fiscalización: “En los últimos tiempos ha habido mejoras en los controles. Sin embargo, todavía es insuficiente. Es preciso que estos controles apunten al cese de los vertidos contaminantes e incorporen sustancias que hoy no están en la normativa de Acumar”.
Por su parte, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, consideró que “Es necesario fortalecer los instrumentos de acceso a la información pública ambiental y de participación ciudadana para afianzar el paradigma de la sustentabilidad que garantice el derecho ambiental”.
El seminario organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, Greenpeace, Asociación Vecinos de la Boca, FARN, CELS, ACDH, integrantes del Cuerpo Colegiado designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Riachuelo", tuvo como objetivo conocer la distintas experiencias de Registros de Emisiones y Transferencias Contaminantes en el mundo y evaluar su posible implementación en la cuenca del Riachuelo como herramienta para el control de la contaminación industrial.
El derecho de la sociedad a la información es el fundamento de los Registros de emisiones y Transferencia Contaminantes (RETC). Esta herramienta es un inventario que brinda información sobre la cantidad y toxicidad de algunas sustancias químicas emitidas por las industrias.
Los registros, implementados en muchos países, son instrumentos de política ambiental que permiten al ciudadano ejercer su derecho a saber y conocer los riesgos ambientales que deben afrontarse.
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