Un millón de votos por los bosques, una señal de la sociedad civil

“Las firmas recolectadas representan también la conciencia ciudadana sobre la necesidad de incluir en el debate político los grandes problemas ambientales.”

La campaña “Un millón de votos por la ley de bosques” impulsada por Greenpeace y un grupo de destacadas organizaciones políticas y sociales de todo el país superó todas las expectativas iniciales: en menos de dos meses más de 1,3 millón de personas le pusieron su firma, su nombre y su apellido al petitorio en el que se le solicitaba a los senadores nacionales el urgente tratamiento de la ley, que cuenta con media sanción de la Cámara baja.

Más allá del objetivo alcanzado y de la sorprendente cantidad de adhesiones recibidas, el amplio consenso logrado alrededor de un tema marginal para la percepción de la clase política pone una vez más en evidencia el fuerte divorcio que existe entre los problemas que la dirigencia considera relevantes y los problemas cuya atención reclama la sociedad.

Los temas ambientales, se sabe, se pregonan en campaña, son algo que “nos preocupa a todos”, más aún cuando son abstractos y parecen originarse en el mal comportamiento de otros: países, corporaciones multinacionales o en prácticas productivas inapropiadas que puedan fácil y rápidamente endosarse a algún responsable inasible y con poco o nula ascendencia en los intereses locales.

Pero cuando la relación se establece en forma directa entre un conflicto de altísimo perfil local, como es la exorbitante tasa de desmontes que arrasa con los últimos bosques nativos argentinos a razón de 40 canchas de fútbol por hora, y la voracidad de intereses sectoriales en la expansión del negocio agropecuario, la actitud de la clase política consiste, simplemente, en mirar para otro lado.

Y es en esta clase de procesos donde el papel de las organizaciones no gubernamentales cobra y adquiere relevancia, tanto en países de institucionalización fuerte como en aquellos en donde, todavía, la fortaleza de la práctica democrática se encuentra aún teñida de vicios que debilitan el funcionamiento republicano.

Es así que la campaña por “Un millón de votos” no sólo demostró que la sociedad civil reconoce y entiende perfectamente cuáles son los problemas que pretende que sus representantes resuelvan, sino también que está dispuesta a movilizarse y a exigirle a la clase política que los atienda y los solucione.

De este modo, las firmas recolectadas representan también la conciencia ciudadana sobre la necesidad de incluir en el debate político –entendiéndolo como la arena donde se dirimen los conflictos sociales en las sociedades modernas- los grandes problemas ambientales, que comprometen tanto a la dirigencia de turno, como a los gobernantes futuros.

En materia ambiental, la discusión por la ley de bosques implica el reconocimiento del papel fundamental que las masas forestales tienen en la mitigación de los impactos del ya inevitable Cambio Climático Global; la conservación de la biodiversidad de especies autóctonas de inapreciable valor, la regulación de los cursos de agua y los regímenes de lluvias, entre otros tantos servicios ambientales prestados por los bosques.

Puede que parte de la clase política local –enfrascada en la campaña electoral- perciba estos temas como lejanos, difusos o poco atractivos para la agenda que marca la coyuntura. La campaña por la ley de bosques indica otra cosa y señala con la brutal contundencia de un millón trescientos mil votos que la sociedad civil organizada sí piensa en el futuro y espera que su dirigencia esté a la altura de las circunstancias.