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La Ley de Bosques impulsada por Greenpeace espera su aprobación definitiva en la Cámara de Diputados. A pesar de que a principios de diciembre la ley fue aprobada en general, aun no pudo concretarse la votación en particular, artículo por artículo, debido a la presión que han ejercido los diputados de Misiones, Formosa y Salta.
Los representantes de esas provincias apuntan a modificar dos artículos, considerados fundamentales para la aplicación de la norma: el Estudio de Impacto Ambiental y la moratoria a los desmontes por cinco años a nivel nacional, respaldándose en que, de aprobarse la ley tal como está, esto atentaría contra la industria maderera y sojera y dispararía los índices de desocupación.
Para intentar echar luz sobre estas cuestiones, Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace, viajó a Formosa y Misiones donde brindó sendas conferencias de prensa en las que aclaró que “lo que busca la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental del Bosque Nativo no es parar con el uso maderero racional de los bosques nativos, sino detener los desmontes irracionales y la tala rasa”.
Y agregó que: “quienes tengan la intención de hacer las cosas correctamente no tienen que tener ningún temor a esta ley. Además, en el proceso de ordenamiento del territorio todos van a tener la oportunidad de poner sobre la mesa cuáles son sus planes y cómo se puede compatibilizar producción con conservación”.
La norma establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo y establece como prioritario cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan las comunidades indígenas y campesinas.
Esta ley cuenta con el aval de distintas organizaciones ambientalistas y cuenta con el apoyo de numerosos grupos como la Federación Agraria Argentina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA).
En los últimos diez años, las empresas agropecuarias arrasaron con el equivalente a una vez y media la superficie de la Ciudad de Buenos Aires de bosques nativos, la mayoría de las veces con el fin de extender la frontera agrícola, especialmente para plantar soja.
Según un informe del Gobierno Nacional editado en 2004, si se mantuviera la meta de llegar a los cien millones de toneladas de producción de granos en los próximos años se estaría convirtiendo a la actividad agropecuaria el 50 por ciento de la actual cobertura de bosques nativos.
Para más información:
Hernán Giardini: hernan.giardini@ar.greenpeace.org
Los representantes de esas provincias apuntan a modificar dos artículos, considerados fundamentales para la aplicación de la norma: el Estudio de Impacto Ambiental y la moratoria a los desmontes por cinco años a nivel nacional, respaldándose en que, de aprobarse la ley tal como está, esto atentaría contra la industria maderera y sojera y dispararía los índices de desocupación.
Para intentar echar luz sobre estas cuestiones, Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace, viajó a Formosa y Misiones donde brindó sendas conferencias de prensa en las que aclaró que “lo que busca la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental del Bosque Nativo no es parar con el uso maderero racional de los bosques nativos, sino detener los desmontes irracionales y la tala rasa”.
Y agregó que: “quienes tengan la intención de hacer las cosas correctamente no tienen que tener ningún temor a esta ley. Además, en el proceso de ordenamiento del territorio todos van a tener la oportunidad de poner sobre la mesa cuáles son sus planes y cómo se puede compatibilizar producción con conservación”.
La norma establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo y establece como prioritario cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan las comunidades indígenas y campesinas.
Esta ley cuenta con el aval de distintas organizaciones ambientalistas y cuenta con el apoyo de numerosos grupos como la Federación Agraria Argentina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA).
En los últimos diez años, las empresas agropecuarias arrasaron con el equivalente a una vez y media la superficie de la Ciudad de Buenos Aires de bosques nativos, la mayoría de las veces con el fin de extender la frontera agrícola, especialmente para plantar soja.
Según un informe del Gobierno Nacional editado en 2004, si se mantuviera la meta de llegar a los cien millones de toneladas de producción de granos en los próximos años se estaría convirtiendo a la actividad agropecuaria el 50 por ciento de la actual cobertura de bosques nativos.
Para más información:
Hernán Giardini: hernan.giardini@ar.greenpeace.org
