El libro “132 volts” de las periodistas Silvina Heguy y María Eugenia Cerrutti, publicado por editorial La Marca, recorre la historia de los vecinos de la localidad de Ezpeleta, quienes sufren desde hace años las consecuencias de las radiaciones que emanan de una subestación de Edesur.
Los vecinos de Ezpeleta, que pertenece al partido de Quilmes, aceptaron posar para la cámara de la fotoperiodista Cerrutti y dieron cuenta con sus cuerpos de las marcas del cáncer en sus vidas.
Así, el libro narra, en imágenes y textos, la historia de la lucha de los vecinos, el silencio de las autoridades, la desaprensión de la empresa, y la cotidiana convivencia con la muerte y la enfermedad a la que se ven sometidos desde hace más de 20 años.
La cantidad de enfermedades comenzaron a incrementarse en 1992, cuando la compañía decidió aumentar la potencia de la subestación y, para eso, instaló dos cables de 132.000 voltios cada uno, seiscientas veces más de lo que se necesita para alimentar una casa de familia.
Cinco años más tarde, una vecina del lugar comenzó a censar a quienes padecían cáncer en el barrio porque los casos se estaban multiplicando rápidamente.
Los vecinos empezaron a averiguar cuales podrían ser las causas que los estaban enfermando y descubrieron que los cables de alta tensión emanan ondas electromagnéticas que pueden provocar cáncer si se está expuesto a ellas. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los niños expuestos a más de 0,3 microteslas – la medida que cuantifica los campos electromagnéticos- tenían el doble de posibilidades de tener leucemia.
En la Argentina, la ley permite una emisión de hasta 25 microteslas, por lo que los reclamos que se realizaron ante los distintos organismos del estado cayeron sistemáticamente en saco roto.
En 2001, la empresa intentó agrandar nuevamente la potencia de la subestación pero los vecinos lo impidieron y recurrieron a la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes con quienes presentaron un reclamo ante un juez de primera instancia de La Plata que hizo lugar por primera vez la defensa de la salud ante la duda o la escasez de pruebas científicas. A su vez, la Cámara Federal de La Plata ordenó detener las obras y realizar un censo que analice el medio ambiente y la posible contaminación en la zona.
Desde 1997, murieron ciento dieciséis vecinos y hay ciento quince que sufren cáncer. Además, hay docenas de casos de depresión y niños que nacen con serias malformaciones.
Todavía los vecinos esperan una resolución definitiva por parte de la Justicia y, mientras tanto, trabajan para evitar que otras subestaciones se instalen en zonas habitadas.
Para más información: http://www.clarin.com/diario/2006/12/10/sociedad/s-01325300.htm