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La discusión suscitada como consecuencia del tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de bosques, aprobada finalmente en particular el 14 de marzo, marcó un punto de inflexión en la historia del tratamiento de las leyes ambientales y puso en evidencia las abismales contradicciones que existen entre el compromiso por resolver los grandes conflictos y las declaraciones públicas que no son acompañadas por políticas de fondo.
Entre los puntos más destacados incluidos en la Ley de Bosques se encuentran la moratoria a los desmontes por un año o hasta tanto cada provincia realice el ordenamiento territorial que permita determinar las zonas en las que puedan realizarse actividades productivas; la prohibición a autorizar desmontes en donde viven comunidades campesinas e indígenas y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental rigurosos antes de aprobar proyectos relacionados con los bosques nativos.
El debate que derivó en la sanción en particular de la ley –que había sido aprobada en general a fines de 2006- se inició con más de tres horas de retraso y cuando todo parecía indicar que no habría quórum, ya que las diferencias dentro de los bloques eran demasiado marcadas. Finalmente, después de seis horas de fuerte polémica, la ley fue girada al Senado para su análisis.
Entre quienes respaldaron la norma se encontraban el diputado del Frente para la Victoria de Salta, Antonio Lovaglio quien aseguró que los desmontes “no sólo afectan la biodiversidad sino el estilo de vida de los pobladores” y Alberto Cantero Gutiérrez, cordobés, compañero de bloque de Lovaglio, quien señaló que esta ley “pone un freno para que no se siga destruyendo nuestra fauna y nuestra flora”.
Pese al debate, extenso y acalorado, el texto que fue aprobado no difiere demasiado del que se presentó a mediados de 2006, impulsado por el diputado kirchnerista Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales.
El proyecto despertó el rechazo de muchos integrantes de la Cámara, María Graciela De la Rosa, kirchnerista, representante de Formosa, quien sostuvo que la ley “va a deteriorar las economías regionales y las industrias vinculadas con los bosques nativos”. Por su parte, Carlos Sosa, del partido Renovador Salteño declaró que “cuatro atorrantes que son los de ‘granpis’ no nos van a decir a nosotros cómo cuidar el medio ambiente” y agregó: “cuando llega la plata que se recauda por la exportación de soja nadie dice nada”.
Sin embargo, los argumentos esgrimidos por los diputados opositores a la ley mostraron nuevamente un profundo desconocimiento de algunos aspectos centrales del proyecto; de la situación de los bosques nativos y pusieron en primer plano los intereses corporativos que, en los hechos, se oponen a cualquier tipo de regulación con el sólo objetivo de exprimir hasta el último centavo de un modelo productivo absolutamente incompatible con el desarrollo sostenible.
Así, entre los principales argumentos contrarios a la ley, se plantearon los siguientes:
1) La ley avasalla las autonomías provinciales
FALSO: la ley establece "presupuestos mínimos", es decir, criterios básicos para la explotación de los recursos naturales que son patrimonio de todos los habitantes de la Nación como así también de las generaciones futuras y cuya implementación se encuentra prevista en la Constitución Nacional (art. 41) y en la Ley General del Ambiente.
2) La ley obliga a detener actividades productivas existentes, como la forestal y atenta contra el desarrollo y la mano de obra.
FALSO: la ley sólo detiene los desmontes hasta tanto cada provincia presente y discuta un plan de ordenamiento territorial (que define en qué condiciones se encuentran sus bosques y a qué tipo de actividades productivas pueden ser sometidos), no regula la actividad forestal, ya que solo establece límites a la conversión de tierras (desmontes 7/o tala rasa) y no a la actividad maderera, ni forestal.
3) Las provincias ya cuentan con leyes y saben cómo proteger sus bosques
FALSO : Según datos del informe de la Unidad de Manejo Forestal (UMSEF) dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación (disponible en internet aquí).
La situación de las provincias del NOA y NEA es la siguiente:
Salta: la tasa anual de deforestación de la provincia de Salta es de diez veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La tasa anual de deforestación correspondiente al año 2001 es: r = -0,69% (la media mundial es de -0,23)
Misiones: La deforestación en la provincia de Misiones entre los años 1998 y 2002 fue de 67.233 hectáreas. Tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La tasa anual de deforestación correspondiente a ese período a la provincia de Misiones es: r = -1,34%. El valor calculado para la provincia es 6 veces superior al promedio mundial en el período 1990-2000 que es de -0,23.
Formosa: posee una superficie de 72.066 km2 con una población total en el año 2001 de 486.559 personas, de las cuales aproximadamente 108.377 son población rural (INDEC, 2003). Magnitud de la Deforestación: La deforestación en la provincia de Formosa, entre los años 1998 y 2002, es de 19.977 hectáreas. Una superficie similar a la Ciudad de Buenos Aires. La tasa anual de deforestación correspondiente a ese período a la provincia de Formosa es: r = -0,16%
Santiago del Estero: la deforestación en la provincia de Santiago del Estero, entre los años 1998 y 2002, fue de 306.055 hectáreas (15 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires). El valor calculado para la provincia es cinco veces al valor calculado para todo el mundo en el período 1990-2000 que es de -0.23.
Chaco: la deforestación en la provincia es 2,5 veces mayor a la media estimada a nivel mundial para el período 1999-2000 que es de 0,23. La provincia posee una superficie de 99.633 kilómetros cuadrados, dentro de la que se encuentra el 20 por ciento de la superficie de los bosques de la región chaqueña.
No extraña entonces, que la principal oposición a la ley haya provenido de las provincias que peor comportamiento ambiental han demostrado y que más cantidad de hectáreas han venido perdiendo año a año (ver nota aqui).
EL DEBATE, AL SENADO
En la Cámara de Senadores todo parece indicar que las negociaciones serán mucho más duras que las que se dieron en Diputados, a raíz del peso específico que la representación parlamentaria le otorga a las provincias (las mismas que deberían explicar el sistemático remate de bosques nativos mencionado anteriormente).
Las dificultades para la aprobación definitiva de la norma tienen directa relación con los límites que impone al modelo agroexportador que domina la actual política económica y a la exigencia que impone a las provincias para que expliquen cuáles son sus proyectos productivos en relación con los recursos naturales de los que deben hacerse responsables.
Por otro lado, la ley marcará también un punto de inflexión en la aplicación de los “presupuestos mínimos”, una fórmula establecida en la Constitución Nacional que otorga al Congreso la facultad de establecer pisos para la explotación de los recursos naturales que fue uno de los ejes centrales de la discusión en la Cámara de Diputados.
Sin dudas, la aprobación de esta ley determinará el futuro medioambiental de la Argentina, ya que detendrá los desmontes cuyo crecimiento coloca al país en una situación de mayor vulnerabilidad frente al Cambio Climático, además de provocar el éxodo sistemático de poblaciones campesinas hacia las ciudades y ante la posible presión que podría generar el mercado internacional de biocombustibles.
El compromiso que asuma el Poder Ejecutivo, además, será vital para lograr que el proyecto sea apoyado por el bloque oficialista y pondrá en evidencia, una vez más, cuanto hay de verdad en las palabras de presidente Kirchner cuando incluyó a la protección de los bosques nativos argentinos entre los puntos centrales de lo que definió como “una política de Estado” en materia ambiental.
PARA MAS INFORMACION
Hernán Giardini: hernan.giardini@greenpeace.org.ar
Entre los puntos más destacados incluidos en la Ley de Bosques se encuentran la moratoria a los desmontes por un año o hasta tanto cada provincia realice el ordenamiento territorial que permita determinar las zonas en las que puedan realizarse actividades productivas; la prohibición a autorizar desmontes en donde viven comunidades campesinas e indígenas y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental rigurosos antes de aprobar proyectos relacionados con los bosques nativos.
El debate que derivó en la sanción en particular de la ley –que había sido aprobada en general a fines de 2006- se inició con más de tres horas de retraso y cuando todo parecía indicar que no habría quórum, ya que las diferencias dentro de los bloques eran demasiado marcadas. Finalmente, después de seis horas de fuerte polémica, la ley fue girada al Senado para su análisis.
Entre quienes respaldaron la norma se encontraban el diputado del Frente para la Victoria de Salta, Antonio Lovaglio quien aseguró que los desmontes “no sólo afectan la biodiversidad sino el estilo de vida de los pobladores” y Alberto Cantero Gutiérrez, cordobés, compañero de bloque de Lovaglio, quien señaló que esta ley “pone un freno para que no se siga destruyendo nuestra fauna y nuestra flora”.
Pese al debate, extenso y acalorado, el texto que fue aprobado no difiere demasiado del que se presentó a mediados de 2006, impulsado por el diputado kirchnerista Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales.
El proyecto despertó el rechazo de muchos integrantes de la Cámara, María Graciela De la Rosa, kirchnerista, representante de Formosa, quien sostuvo que la ley “va a deteriorar las economías regionales y las industrias vinculadas con los bosques nativos”. Por su parte, Carlos Sosa, del partido Renovador Salteño declaró que “cuatro atorrantes que son los de ‘granpis’ no nos van a decir a nosotros cómo cuidar el medio ambiente” y agregó: “cuando llega la plata que se recauda por la exportación de soja nadie dice nada”.
Sin embargo, los argumentos esgrimidos por los diputados opositores a la ley mostraron nuevamente un profundo desconocimiento de algunos aspectos centrales del proyecto; de la situación de los bosques nativos y pusieron en primer plano los intereses corporativos que, en los hechos, se oponen a cualquier tipo de regulación con el sólo objetivo de exprimir hasta el último centavo de un modelo productivo absolutamente incompatible con el desarrollo sostenible.
Así, entre los principales argumentos contrarios a la ley, se plantearon los siguientes:
1) La ley avasalla las autonomías provinciales
FALSO: la ley establece "presupuestos mínimos", es decir, criterios básicos para la explotación de los recursos naturales que son patrimonio de todos los habitantes de la Nación como así también de las generaciones futuras y cuya implementación se encuentra prevista en la Constitución Nacional (art. 41) y en la Ley General del Ambiente.
2) La ley obliga a detener actividades productivas existentes, como la forestal y atenta contra el desarrollo y la mano de obra.
FALSO: la ley sólo detiene los desmontes hasta tanto cada provincia presente y discuta un plan de ordenamiento territorial (que define en qué condiciones se encuentran sus bosques y a qué tipo de actividades productivas pueden ser sometidos), no regula la actividad forestal, ya que solo establece límites a la conversión de tierras (desmontes 7/o tala rasa) y no a la actividad maderera, ni forestal.
3) Las provincias ya cuentan con leyes y saben cómo proteger sus bosques
FALSO : Según datos del informe de la Unidad de Manejo Forestal (UMSEF) dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación (disponible en internet aquí).
La situación de las provincias del NOA y NEA es la siguiente:
Salta: la tasa anual de deforestación de la provincia de Salta es de diez veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La tasa anual de deforestación correspondiente al año 2001 es: r = -0,69% (la media mundial es de -0,23)
Misiones: La deforestación en la provincia de Misiones entre los años 1998 y 2002 fue de 67.233 hectáreas. Tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La tasa anual de deforestación correspondiente a ese período a la provincia de Misiones es: r = -1,34%. El valor calculado para la provincia es 6 veces superior al promedio mundial en el período 1990-2000 que es de -0,23.
Formosa: posee una superficie de 72.066 km2 con una población total en el año 2001 de 486.559 personas, de las cuales aproximadamente 108.377 son población rural (INDEC, 2003). Magnitud de la Deforestación: La deforestación en la provincia de Formosa, entre los años 1998 y 2002, es de 19.977 hectáreas. Una superficie similar a la Ciudad de Buenos Aires. La tasa anual de deforestación correspondiente a ese período a la provincia de Formosa es: r = -0,16%
Santiago del Estero: la deforestación en la provincia de Santiago del Estero, entre los años 1998 y 2002, fue de 306.055 hectáreas (15 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires). El valor calculado para la provincia es cinco veces al valor calculado para todo el mundo en el período 1990-2000 que es de -0.23.
Chaco: la deforestación en la provincia es 2,5 veces mayor a la media estimada a nivel mundial para el período 1999-2000 que es de 0,23. La provincia posee una superficie de 99.633 kilómetros cuadrados, dentro de la que se encuentra el 20 por ciento de la superficie de los bosques de la región chaqueña.
No extraña entonces, que la principal oposición a la ley haya provenido de las provincias que peor comportamiento ambiental han demostrado y que más cantidad de hectáreas han venido perdiendo año a año (ver nota aqui).
EL DEBATE, AL SENADO
En la Cámara de Senadores todo parece indicar que las negociaciones serán mucho más duras que las que se dieron en Diputados, a raíz del peso específico que la representación parlamentaria le otorga a las provincias (las mismas que deberían explicar el sistemático remate de bosques nativos mencionado anteriormente).
Las dificultades para la aprobación definitiva de la norma tienen directa relación con los límites que impone al modelo agroexportador que domina la actual política económica y a la exigencia que impone a las provincias para que expliquen cuáles son sus proyectos productivos en relación con los recursos naturales de los que deben hacerse responsables.
Por otro lado, la ley marcará también un punto de inflexión en la aplicación de los “presupuestos mínimos”, una fórmula establecida en la Constitución Nacional que otorga al Congreso la facultad de establecer pisos para la explotación de los recursos naturales que fue uno de los ejes centrales de la discusión en la Cámara de Diputados.
Sin dudas, la aprobación de esta ley determinará el futuro medioambiental de la Argentina, ya que detendrá los desmontes cuyo crecimiento coloca al país en una situación de mayor vulnerabilidad frente al Cambio Climático, además de provocar el éxodo sistemático de poblaciones campesinas hacia las ciudades y ante la posible presión que podría generar el mercado internacional de biocombustibles.
El compromiso que asuma el Poder Ejecutivo, además, será vital para lograr que el proyecto sea apoyado por el bloque oficialista y pondrá en evidencia, una vez más, cuanto hay de verdad en las palabras de presidente Kirchner cuando incluyó a la protección de los bosques nativos argentinos entre los puntos centrales de lo que definió como “una política de Estado” en materia ambiental.
PARA MAS INFORMACION
Hernán Giardini: hernan.giardini@greenpeace.org.ar
