En Diputados, fue comparado con el decreto del dictador Onganía que destruyó la industria azucarera tucumana.

Como era de esperar, la Cámara de Diputados votó anoche el articulado del proyecto que propone paralizar la actividad rural que avance en las zonas boscosas del país y delegar las facultades constitucionales de las provincias en materia de recursos naturales, a favor de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.

De esta manera, la llamada Ley Bonasso pasó al Senado con un texto modificado a las apuradas, sin consultar a los organismos provinciales competentes y con la oposición expresa de gran parte de los legisladores de las provincias boscosas.

La iniciativa, votada disciplinadamente por los legisladores oficialistas, incluso algunos de las provincias afectadas, muestra una clara intención de avanzar desde el poder central por sobre las jurisdicciones provinciales, ya que quedó claro que los gobiernos quedaron afuera de cualquier consulta.

La improvisación

El articulado propuesto por el kirchnerista independiente Miguel Bonasso había sido cambiado por completo el lunes, modificado nuevamente el martes y corregido ayer por la mañana. Aún así, no eliminaba -ni eliminaría- el aspecto más crítico del texto: el desconocimiento de que los recursos naturales son, por mandato constitucional, dominio de las provincias.

Además, dispone que se paralice la autorización de cualquier proyecto productivo, más allá de que las provincias cuenten o no con una legislación ambiental vigente.

El tratamiento en el recinto mostró a un cuerpo parlamentario dividido en una forma distinta de transversalidad. Más allá de partidos o ideologías, la mayoría de los diputados del NOA y el NEA argumentaba y votaba negativamente mientras que el oficialismo, donde son mayoría los porteños y bonaerenses, apoyaba disciplinadamente la propuesta de Bonasso.

Sabiendo que la suerte del proyecto estaba sellada, los diputados de Misiones, Jujuy, Chaco, Tucumán, Salta y Formosa, con el apoyo de los de otras provincias y del PRO, se esmeraron en desnudar las insuficiencias técnicas del proyecto oficialista. La salteña Beatriz Daher propuso que "se consulte al Consejo Federal de Medio Ambiente" y Angel Zottos, "que se consensúe el proyecto con las provincias".

La formoseña María Graciela de la Rosa afirmó que "el proyecto es anticonstitucional y vulnera a las autonomías provinciales". En el mismo sentido se pronunciaron Antonio Lix Klety y Esteban Jerez, del PRO tucumano, quienes compararon al "proyecto Bonasso" con el decreto del dictador Juan Carlos Onganía que en 1967 provocó la quiebra de la industria azucarera de la provincia. El salteño Antonio Lovaglio señaló que "levantan cortinas de humo, porque las provincias ricas de la llanura pampeana ya depredaron todo lo que había por depredar.

¿De quién es la ley?

El salteño Osvaldo Salum, que aseguró que denunciará por inconstitucional la ley en la Justicia si es que se la aprueba, planteó un interrogante acerca de la autoría de la Ley, al señalar que la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, se la atribuye.

"Yo no soy amanuense de una Secretaria de Estado", gritó Bonasso. "Me tranquiliza que la ley sea suya, pero acláreselo a la secretaria", respondió el diputado salteño. También la organización Greenpeace se atribuye en su web la autoría del texto.

A esta organización se refirió el salteño Carlos Alberto "Querubín" Sosa. "Yo voy a votar en contra, porque no me gusta que se metan en mi casa. Y no voy a dejarme llevar por delante por cuatro atorrantes de Greenpeace", dijo el legislador del PRS.

Sin embargo, nada cambió el curso de los acontecimientos. Luego de varias horas, el proyecto tenía media sanción.

Francisco Sotelo

Corresponsalía Buenos Aires