EDITORIAL: Basura nuclear: siete años defendiendo la constitucion

“el gran esfuerzo de muchísima gente que acompañó en todo el país el reclamo para que se respete nuestra constitución ha llegado a buen puerto y esto es motivo para sentir que se cumplió el objetivo buscado.”

Por Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace

Durante el año 2000 se conoció la noticia que la empresa INVAP había sido seleccionada para construir un reactor en Australia que produciría radioisótopos y sería utilizado en investigación. Al mismo tiempo que se difundía de manera exitista y fuertemente promovida desde el Gobierno de De la Rúa, pudimos conocer algunos detalles del pliego licitatorio que había tenido lugar en Australia. Allí aparecía la cláusula por la que cada oferente debía proponer una gestión de los residuos nucleares que se generasen y debían ser tratados fuera del territorio australiano.

Así fue como, por propia información de INVAP, se supo que la propuesta realizada por la empresa era tratar esos residuos en la Argentina. Es decir, si los australianos así lo pedían, INVAP y la CNEA debían proveerles de ese servicio adicional. Cumplir esa promesa era una flagrante violación al Articulo 41 de la Constitución Nacional que prohíbe el ingreso de residuos radiactivos al territorio nacional. Las razones por las que INVAP hizo esa promesa, cuántos funcionarios del Gobierno Nacional sabían de esa promesa, por qué se ocultó y otros aspectos de la negociación son parte de las polémicas y dudas que quedan de esa propuesta claramente inconstitucional.

A partir de ese momento un intenso y amplio movimiento de organizaciones ambientalistas, vecinos de Ezeiza (sitio propuesto para el tratamiento de los residuos) y organizaciones sociales de todo el país configuraron una campaña pocas veces vista en defensa de un derecho ambiental y de un principio de política nuclear elemental que había sido logrado en la reforma constitucional de 1994. Por primera vez se ponía a prueba esa prohibición. Por primera vez existía un negocio que colisionaba con la prohibición constitucional. Los peligros y el antecedente que podía generar esta violación fueron claramente comprendidos por diversos sectores sociales y políticos que iniciaron una fuerte oposición a esa cláusula conflictiva.

En el año 2001, frente a esta creciente polémica y a la presión que ejercía Australia para que existiesen garantías de cumplimiento a la cláusula firmada por INVAP, el Gobierno Argentino firmó un Acuerdo de Cooperación Nuclear con ese país cuyo único objetivo práctico era darle un marco “legal” a la ilegalidad prometida por INVAP en el contrato original. Esto no hizo otra cosa que agravar el problema e incrementar la oposición a dicho Acuerdo que recién pudo ser ratificado en el Congreso Nacional en diciembre de 2004 en una maniobra rápida y aprovechando que la atención de los medios y de buena parte de las organizaciones ambientalistas estaba puesta en la Conferencia sobre Cambio Climático (COP10) que se desarrollaba por esos días en Buenos Aires.

Cuatro años de discusiones, señalando las mentiras e inconsistencias en los fundamentos de semejante Acuerdo y las inconveniencias político-ambientales que representaban el ingresar en el negocio del tratamiento de residuos nucleares a nivel internacional no alcanzaron para que la mayoría de los legisladores nacionales aprobaran un Acuerdo que pasará a la historia por su extraño origen y por el debate que generó en el seno de la sociedad. Nunca antes un acuerdo internacional había sido aprobado con semejante disenso público y político.

Poco tiempo después comenzaron a circular algunas versiones periodísticas que señalaban que Australia no intentaría hacer uso de la opción del envío de los residuos a la Argentina y que estaba explorando otras opciones menos conflictivas.

Hace pocas semanas atrás, al inaugurarse el reactor de Lucas Heights, las propias autoridades de INVAP confirmaron que Australia ya ha formalizado con los Estados Unidos el envío de sus residuos nucleares. Esta confirmación tiene un aspecto sin dudas positivo para la Argentina, el gran esfuerzo de muchísima gente que acompañó en todo el país el reclamo para que se respete nuestra constitución ha llegado a buen puerto y esto es motivo para sentir que se cumplió el objetivo buscado. Por otro lado, muestra lamentablemente que Australia sigue con su política de no desarrollar en su propio territorio un programa de gestión de residuos que minimice los riesgos de los transportes marítimos a larga distancia.

Los responsables de la política nuclear en la Argentina deberían aprender definitivamente una lección de esta extensa y dura polémica de los últimos años, las prohibiciones existentes en la Constitución Nacional, así como aquellas que han sido incluidas en diversas Constituciones provinciales, son parte del marco regulatorio en el que la actividad debe desenvolverse. No son leyes que puedan cumplirse en la medida en que no colisionan con ningún proyecto en marcha y que, por lo tanto, pueden ser ignoradas si se interponen con sus prioridades, como ocurre con los transportes de sustancias radiactivas en la Ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones.