Campaña contra el bochorno

(Ambiente y Medio nº 92 – Informe periodístico semanal sobre medio ambiente – Por Sergio Federovisky)

La lógica del medio ambiente es absolutamente contrapuesta con la de la política: hay situaciones que no esperan y en las que legislar tarde es igual (o peor, por el peso ético) que no hacerlo. Los datos oficiales indican que en la Argentina se está verificando en la actualidad la tasa de deforestación más alta del mundo, en un planeta donde deforestar es un inmenso negocio a partir del crecimiento desmesurado del precio de los commodities y la actual incidencia de la demanda de cultivos para biocombustibles.

Según datos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal del Gobierno Nacional, en los últimos cuatro años la Argentina perdió 1.193.206 hectáreas de bosques nativos, en las provincias de Chaco, Córdoba, Formosa, Salta, Santa Fe, y Santiago del Estero. O sea, un promedio de más de un cuarto de millón de hectáreas por año. Curiosamente, el gobierno -al que pertenecen la mayoría de los senadores que impiden siquiera el tratamiento democrático de la ley de presupuestos mínimos de manejo de recursos forestales- fue el que diagnosticó que la deforestación producto de la soja era una de las dos grandes hipotecas dejadas por la década del neoliberalismo en la relación entre la sociedad y la naturaleza en la Argentina: el informe GEO ARGENTINA 2004 cuestionaba “un vuelco masivo a la producción de soja transgénica, en muchos casos en detrimento de los bosques nativos o de los cultivos tradicionales. (…) La Argentina se encuentra en estado de emergencia forestal y si se mantiene la meta de llegar a los cien millones de toneladas de producción de granos, tendría que extenderse la frontera agropecuaria entre 12 y 15 millones de hectáreas, con lo que en los próximos años estaríamos convirtiendo a la actividad agropecuaria el 50 por ciento de la actual cobertura de bosques nativos”.

Pese a eso, los diputados hicieron lo imposible para que no se aprobara la media sanción de la ley (lo que ocurrió a comienzos de este año) y los senadores siguen provocando con cuanta chicana encuentran para impedir que se trate en la cámara alta.

Por eso, las ONG (Fundación Vida Silvestre, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Proteger y Greepeace) iniciaron una campaña de recolección de un millón de votos y así sacudir a los senadores.

La semana pasada ocurrieron algunas cosas que llamaron la atención respecto del tema bosques.
Una es que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, por impulso de Luz Sapag, inició unas jornadas de debate acerca de los proyectos de ley, que se transformó en una argumentación sostenida de los técnicos e investigadores acerca del marasmo en que se encuentran los bosques nativos. Sorprendió en ese encuentro la presencia de Romina Picolotti y el explícito apoyo a la norma que tiene media sanción de parte de la cámara de diputados, pues se presume que uno de los elementos dilatorios de los senadores (aún de los bienintencionados) es reproducir varios proyectos, de modo de dilatar la aprobación del que ya fue votado en Diputados.

Lo otro que obligó a prestar atención fue la información periodística, si se quiere de color, que difundió el hecho de que un ruralista corrió el límite entre Santiago del Estero y Salta, en la zona de la población de Algarrobal Viejo, para obtener el permiso de desmonte de esta última provincia y destinar tierras que eran fiscales y ocupadas por pobladores ancestrales para el cultivo de soja.

Un detalle de la jornada efectuada en el Senado: más allá de que todos argumentarán que habían enviado a sus asesores (cosa imposible de comprobar), lo interesante es que además de Sapag, la legisladora convocante, no había un solo senador nacional.