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"Este transporte por la calles de la
ciudad es sumamente peligroso y desconoce el rechazo de la
población a la energía nuclear. Muchos municipios
y provincias prohíben el transporte nuclear por su
territorio, en una clara actitud precautoria", declaró
Juan Casavelos, coordinador de la Campaña de Energía
de Greenpeace.
Según Greenpeace, "ni la CNEA ni la ARN tiene
la voluntad de respetar las restricciones locales y las violan
sistemáticamente". Un cargamento similar de 120
toneladas de uranio por el Puerto de Bueno Aires fue denunciado
por Greenpeace en 1998. "Todo indica que situaciones
así se reiteran frecuentemente", sostuvo Casavelos.
"La ARN es cómplice del incumplimiento de las
normas que restringen el transporte de sustancias dirigidas
a la actividad nuclear", agregó Casavelos.
El transporte de uranio es un transporte riesgoso que requiere
altos niveles de control y seguridad. "La actitud de
los funcionarios de la ARN es de una total falta de respeto
para con las restricciones legales que existen en una actitud
que claramente apaña a una industria sucia y de alto
riesgo. Greenpeace demanda a las autoridades locales de la
Ciudad de Buenos Aires que hagan cumplir la Constitución
local y a las autoridades de la CNEA y la ARN que sometan
sus actividades a la normativa legal existente en cada jurisdicción.
En este sentido, Greenpeace convocó a través
de Internet a los activistas a exigirle al Presidente del
Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Raúl
Racana, que haga cumplir la prohibición que establece
el artículo.26 de la Constitución de la Ciudad
y que se detenga el transporte de uranio por la Ciudad de
Buenos Aires.