La organización ambientalista Greenpeace denunció esta tarde el inminente traslado de nueve contenedores con uranio natural desde un depósito fiscal hacia Córdoba, en abierta violación a la Constitución porteña que prohíbe el tránsito de sustancias radiactivas por la Ciudad de Buenos Aires.

El mineral tiene como destino la planta de la empresa Dioxitek S.A. en Córdoba, donde será utilizado para la elaboración de dióxido de uranio, materia prima para la elaboración del combustible nuclear de las centrales atómicas de Atucha I y Embalse.

El uranio, proveniente de Houston (Estados Unidos), ingresó el viernes a la terminal número 3 del Puerto de Buenos Aires, desde donde fue trasladado al depósito fiscal de la empresa Tefasa, ubicado en Av. Elvira Dellepiane, esquina Juan Lavaisse, en la Dársena Sur del Puerto de Buenos Aires.

Según pudo saber Greenpeace, el cargamento será trasladado en las primeras horas de mañana por las empresas de transporte Hualco, Cipe y Alma, a través de la Ciudad de Buenos Aires, en abierta violación al artículo 26 de la Constitución porteña que establece la prohibición del “transporte y la tenencia de sustancias y residuos radioactivos”.

La organización ambientalista montará una guardia permanente en las adyacencias del depósito fiscal para impedir que se cometa una nueva violación de la Constitución porteña

El uranio es un elemento radiactivo que posee la particularidad de liberar energía en forma de radiación ionizante que representa un grave riesgo para la salud cuando es ingerido o inhalado.

“Este transporte por la calles de la ciudad es sumamente peligroso y desconoce el rechazo de la población a la energía nuclear. Muchos municipios y provincias prohíben el transporte nuclear por su territorio, en una clara actitud precautoria”, declaró Juan Casavelos, coordinador de la Campaña de Energía de Greenpeace.

“Contrariamente, a lo que afirma la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el tránsito de uranio para la fabricación de combustible nuclear se encuentra expresamente prohibido en la Constitución porteña y este cargamento no está destinado a ningún uso medicinal o industrial como sostienen los funcionarios de la Comisión”, expresó Casavelos