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La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) avasalló la
Constitución porteña y logró liberar y transportar anoche hacia Córdoba los
nueve contenedores con uranio que habían ingresado el viernes pasado al puerto
de Buenos Aires.
La CNEA amparándose en una falaz interpretación del artículo 26 de la Constitución porteña que prohibe el tránsito de sustancias radiactivas por la Ciudad Autónoma y sólo lo autoriza para aquellos casos en que el destino del material sea “industrial” o “medicinal”.
A través de un comunicado de prensa publicado en su sitio web, la CNEA afirmó que el material importado será destinado a la “fabricación de elementos combustibles para los reactores nucleares argentinos que generan desde energía eléctrica hasta radioisótopos para aplicaciones en uso médico”.
Sin embargo, “la fabricación de elementos combustibles” para la producción de energía nuceloeléctrica no se encuentra dentro de los usos industriales identificados por Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) (1)
La CNEA se valió de un vacío legal provocado por la falta de reglamentación del artículo 26 de la Constitución porteña para forzar la salida de los contenedores, ocurrida anoche en el marco de un sigiloso operativo que contó con la complicidad de las autoridades nacionales.
“La corporación nuclear ha dado otra vez más muestras de su escasa voluntad de discutir una política para el sector de cara a a la sociedad. Ha avasallado la Constitución porteña con el único objetivo de seguir sosteniendo una industria energética sucia, obsoleta y peligrosa”, expresó Juan Casavelos, coordinador de la Campaña de Energía de Greenpeace.
“Destacamos el compromiso demostrado por la Defensoría del Pueblo, el Poder Ejecutivo y la Legislatura porteña en la imprescindible defena de la Constitución de la Ciudad frente a los atropellos de la CNEA”, sostuvo Casavelos.
Para Greenpeace, a partir de este caso se plantea la necesidad de discutir seriamente en le ámbito de la Legislatura porteña la reglamentación del artículo 26 a los efectos de evitar interpretaciones falaces que permitan que se siga avasallando la letra de la Constitución de la Ciudad.
El uranio, proveniente de Houston (Estados Unidos), ingresó el viernes a la terminal número 3 del Puerto de Buenos Aires, desde donde fue trasladado al depósito fiscal de la empresa Tefasa, ubicado en Av. Elvira Dellepiane, esquina Juan Lavaisse, en la Dársena Sur del Puerto de Buenos Aires.
El mineral tiene como destino la planta de la empresa Dioxitek S.A. en Córdoba, donde será utilizado para la elaboración de dióxido de uranio, materia prima para la elaboración del combustible nuclear de las centrales atómicas de Atucha I y Embalse.
La CNEA amparándose en una falaz interpretación del artículo 26 de la Constitución porteña que prohibe el tránsito de sustancias radiactivas por la Ciudad Autónoma y sólo lo autoriza para aquellos casos en que el destino del material sea “industrial” o “medicinal”.
A través de un comunicado de prensa publicado en su sitio web, la CNEA afirmó que el material importado será destinado a la “fabricación de elementos combustibles para los reactores nucleares argentinos que generan desde energía eléctrica hasta radioisótopos para aplicaciones en uso médico”.
Sin embargo, “la fabricación de elementos combustibles” para la producción de energía nuceloeléctrica no se encuentra dentro de los usos industriales identificados por Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) (1)
La CNEA se valió de un vacío legal provocado por la falta de reglamentación del artículo 26 de la Constitución porteña para forzar la salida de los contenedores, ocurrida anoche en el marco de un sigiloso operativo que contó con la complicidad de las autoridades nacionales.
“La corporación nuclear ha dado otra vez más muestras de su escasa voluntad de discutir una política para el sector de cara a a la sociedad. Ha avasallado la Constitución porteña con el único objetivo de seguir sosteniendo una industria energética sucia, obsoleta y peligrosa”, expresó Juan Casavelos, coordinador de la Campaña de Energía de Greenpeace.
“Destacamos el compromiso demostrado por la Defensoría del Pueblo, el Poder Ejecutivo y la Legislatura porteña en la imprescindible defena de la Constitución de la Ciudad frente a los atropellos de la CNEA”, sostuvo Casavelos.
Para Greenpeace, a partir de este caso se plantea la necesidad de discutir seriamente en le ámbito de la Legislatura porteña la reglamentación del artículo 26 a los efectos de evitar interpretaciones falaces que permitan que se siga avasallando la letra de la Constitución de la Ciudad.
El uranio, proveniente de Houston (Estados Unidos), ingresó el viernes a la terminal número 3 del Puerto de Buenos Aires, desde donde fue trasladado al depósito fiscal de la empresa Tefasa, ubicado en Av. Elvira Dellepiane, esquina Juan Lavaisse, en la Dársena Sur del Puerto de Buenos Aires.
El mineral tiene como destino la planta de la empresa Dioxitek S.A. en Córdoba, donde será utilizado para la elaboración de dióxido de uranio, materia prima para la elaboración del combustible nuclear de las centrales atómicas de Atucha I y Embalse.
(1) El “Informe Anual (1999)” de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) identifica como “instalaciones médicas, industriales y de investigación y docencia” a: “ciclotrón y línea de producción de radioisótopos para pet, ciclotrón de producción, instalaciones para diagnóstico y tratamiento médico, laboratorios de producción de generadores de tecnecio, planta de fabricación de fuentes para gammagrafía, centros de medicina nuclear, laboratorios de diagnóstico ‘in vitro’, medidores industriales, uso de radioisótopos en la exploración y explotación petrolífera, gammagrafía industrial, centros de investigación y docencia” y deja expresamente fuera de estas actividades a la producción de energía nucleoeléctrica.
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