La policía japonesa arrestó a dos activistas de Greenpeace que hace un mes denunciaron el tráfico ilegal de carne de ballena dentro del programa de caza de cetáceos respaldado por el gobierno japonés.

Los dos activistas, Junichi Sato, de 31 años, y Toru Suzuki, de 41, son investigados por el supuesto robo de una caja con carne de ballena, que fue presentada como evidencia de la denuncia que realizó Greenpeace el 15 de mayo pasado.

El paquete contenía trozos carne de ballena, de los más caros, y que fueron extraídos ilícitamente por un tripulante del buque factoría ballenero, Nishin Maru, al finalizar la temporada de caza de ballenas en el Santuario Ballenero Austral. El contenido del paquete estaba rotulado como “cartón” y estaba dirigido a una dirección privada.

El paquete fue rastreado por investigadores de Greenpeace y enviado a la Fiscalía General de Tokio como evidencia de un grave escándalo de corrupción dentro de las operaciones de caza de ballenas en el Santuario Ballenero Austral, que el Gobierno de Japón defiende como “científicas”.

Como resultado de las pruebas que presentó Greenpeace, el fiscal de Distrito de Tokio inició una investigación sobre una malversación de fondos que implica el contrabando de carne de ballena, lo que plantea serias dudas sobre la magnitud y el alcance del uso indebido de dinero de los contribuyentes por parte de los responsables del programa de la caza de ballenas del Océano Antártico.

“Esto es una respuesta inesperada. Hemos destapado un escándalo que afecta a fuerzas muy poderosas del gobierno de Japón que se están beneficiando de la caza de ballenas, y no nos sorprende que ellos consigan eludir la investigación; pero que hayan arrestado a dos activistas, completamente inocentes, por haber devuelto la carne que fue robada a los japoneses, que pagan con sus impuestos la caza de ballenas, es realmente sorprendente. ¿En interés de quién se han hecho estos arrestos? Todo parece indicar que estamos ante una táctica de intimidación de las agencias gubernamentales responsables del escándalo”, dijo Jun Hoshikawa, director ejecutivo de Greenpeace Japón.

Además del arresto de los dos activistas, aproximadamente 40 policías se presentaron en la oficina de Greenpeace en Japón donde permanecieron por más de 10 horas revisando todo; se llevaron seis computadoras, seis cajas de documentos e impidieron el uso de teléfonos a los miembros de la oficina durante todo ese tiempo.

Se trata de una reacción totalmente desmesurada contra una organización que siempre se manifiesta de manera pacífica y con métodos no violentos.

Aunque hasta el momento, los únicos arrestados en este caso son los dos activistas de Greenpeace que presentaron las evidencias del escándalo, la Fiscalía investiga también a la tripulación del buque factoría ballenero, Nishin Maru. Sin embargo, ninguno de los funcionarios japoneses involucrados en el escándalo de corrupción ha sido investigado ni detenido.

Las 41 oficinas de Greenpeace lanzaron hoy una ciberacción para exigir la liberación de los activistas de la organización detenidos en Japón. Sumate a nuestro pedido, exigiles al Primer Ministro japonés, al Ministro de Relaciones Exteriores en Japón y al embajador de Japón en Argentina que se castigue a los verdaderos criminales y no a quienes defienden a las ballenas.