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Greenpeace reclamó hoy a los senadores oficialistas que tratarán la ley
de bosques en el recinto, que garanticen la inclusión de la moratoria a los
desmontes hasta que las provincias realicen el ordenamiento territorial de los
bosques nativos y respeten, de esa forma, el espíritu del proyecto original que
fue aprobado por la Cámara de Diputados en marzo pasado.
Organizaciones ambientalistas y sociales enviaron al Senado un documento donde reclaman que la Ley de Bosques cuente con una moratoria a los desmontes.
El documento, firmado por Greenpeace, Vida Silvestre, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, entre otras organizaciones que incluyen también a representantes del sector productivo como la Asociación Forestal Argentina, afirma que “en menos de dos meses más de 1.300.000 argentinos se expresaron reclamando la urgente sanción de una Ley de Bosques que decrete la moratoria a los desmontes hasta que cada provincia realice un ordenamiento territorial de sus bosques nativos”.
“Los senadores tienen la responsabilidad de estar a la altura de la circunstancias y escuchar el reclamo de más de 1,3 millón de argentinos que se pronunció por el tratamiento de la ley con la moratoria incluida o, por el contrario, corren el riesgo de convertirse en cómplices del acelerado proceso de destrucción de los últimos bosques nativos argentinos”, sostuvo Juan Carlos Villalonga, director Político de Greenpeace.
En el documento sostiene que nuestro país se encuentra en Emergencia Forestal y que “suspender los desmontes hasta que se implementen los ordenamientos que permitan tomar decisiones sobre bases consensuadas y serias, es la única manera de que la protección de los bosques nativos sea efectiva”.
“Sabemos que hay senadores que representan a algunas provincias del NOA, las más comprometidas con el proceso de destrucción de nuestros bosques nativos, que intentaban a última hora consensuar un texto lavado con el objetivo de desvirtuar la moratoria y, de ese modo, producir una ley inconsistente que no cumpliría con el sentido del proyecto original que es detener los desmontes hasta tanto cada provincia realice su propio ordenamiento territorial”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La norma establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritarios cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.
Durante el año 2006 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta convocó a audiencias públicas para la posterior autorización de desmontes por un total de 77.612 hectáreas de bosque nativo.
En el transcurso de este año, la misma Secretaría convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes por un total de 280.301 hectáreas.
Estos desmontes resultan cuatro veces más que los autorizados el año pasado, y equivalen a 14 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Con estas cifras, sólo en la provincia de Salta se llega al promedio de deforestación anual de todo el país.
Organizaciones ambientalistas y sociales enviaron al Senado un documento donde reclaman que la Ley de Bosques cuente con una moratoria a los desmontes.
El documento, firmado por Greenpeace, Vida Silvestre, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, entre otras organizaciones que incluyen también a representantes del sector productivo como la Asociación Forestal Argentina, afirma que “en menos de dos meses más de 1.300.000 argentinos se expresaron reclamando la urgente sanción de una Ley de Bosques que decrete la moratoria a los desmontes hasta que cada provincia realice un ordenamiento territorial de sus bosques nativos”.
“Los senadores tienen la responsabilidad de estar a la altura de la circunstancias y escuchar el reclamo de más de 1,3 millón de argentinos que se pronunció por el tratamiento de la ley con la moratoria incluida o, por el contrario, corren el riesgo de convertirse en cómplices del acelerado proceso de destrucción de los últimos bosques nativos argentinos”, sostuvo Juan Carlos Villalonga, director Político de Greenpeace.
En el documento sostiene que nuestro país se encuentra en Emergencia Forestal y que “suspender los desmontes hasta que se implementen los ordenamientos que permitan tomar decisiones sobre bases consensuadas y serias, es la única manera de que la protección de los bosques nativos sea efectiva”.
“Sabemos que hay senadores que representan a algunas provincias del NOA, las más comprometidas con el proceso de destrucción de nuestros bosques nativos, que intentaban a última hora consensuar un texto lavado con el objetivo de desvirtuar la moratoria y, de ese modo, producir una ley inconsistente que no cumpliría con el sentido del proyecto original que es detener los desmontes hasta tanto cada provincia realice su propio ordenamiento territorial”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La norma establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritarios cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.
Durante el año 2006 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta convocó a audiencias públicas para la posterior autorización de desmontes por un total de 77.612 hectáreas de bosque nativo.
En el transcurso de este año, la misma Secretaría convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes por un total de 280.301 hectáreas.
Estos desmontes resultan cuatro veces más que los autorizados el año pasado, y equivalen a 14 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Con estas cifras, sólo en la provincia de Salta se llega al promedio de deforestación anual de todo el país.
