Estás en:
Enviar
Completá el formulario y clickeá en "enviar". Nuestro servidor enviará un mensaje al destinatario con un enlace al contenido seleccionado.
Podés enviar tu mensaje a varias direcciones de correo electrónico separándolas con comas: destinatario1@servidor.org, destinatario2@otroservidor.org
Greenpeace denunció hoy que cinco importantes empresarios nacionales se
encuentran vinculados a operaciones de desmontes en todo el norte argentino, que
han significado la pérdida de más de treinta mil hectáreas de bosques nativos en
los últimos diez años, avalados por distintos artilugios legales e ilegales y
amparados en las debilidades normativas y la incapacidad de control efectivo de
las administraciones provinciales.
Los empresarios y sociedades sindicados por Greenpeace son Franco Macri, Victorio Gualtieri, Eduardo Eurnekian, y las sociedades anónimas Liag y Madera Dura del Norte, todos asociados a prácticas de desmontes en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, en actividades orientadas a la siembra de soja y algodón, extracción de madera, ganadería y otras prácticas productivas incompatibles con el desarrollo sustentable y la preservación de los bosques.
Las actividades promovidas por estas sociedades, cuyas cabezas visibles son los empresarios denunciados, fueron rebeladas por la organización ambientalista en su informe "Desmontes S.A" (1), en donde constan distintos documentos como pedidos y permisos de desmontes, registros catastrales, causas judiciales, resoluciones oficiales e incontrastables fotos satelitales.
"Con este informe probamos que los desmontes son una práctica habitual que se sostiene en una red de debilidades oficiales que favorecen un estado de situación donde el vale todo es el 'modus operandi' más extendido. Ya que muchos de los negocios analizados en este informe son legales, al menos en los papeles. Y son legales porque los mismos sectores involucrados son los que reciben exenciones y excepciones por parte de los gobiernos, frenan leyes que promueven el aumento de los mecanismos de control y presionan a los pocos funcionarios que intentan investigar", aseveró Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina, durante la presentación del informe "Desmontes S.A.", realizada esta mañana en el Complejo La Plaza.
A modo de ejemplo, según un informe estadístico del Instituto de Colonización, en 1999 en la provincia del Chaco había 1.938.547 hectáreas de tierras fiscales, la mayoría de las cuales correspondían a bosques nativos. Para 2005, quedaban 687.053 hectáreas. Así, de acuerdo con este informe, en solo 6 años, "se extraviaron" 1.251.494 hectáreas. (2)
"Es obligación del Estado planificar las acciones tendientes a asegurar la provisión de bienes y servicios ambientales que brindan los ecosistemas. Para lograr esto, es preciso establecer un plan de Ordenamiento Territorial (3) que permita regular el uso del suelo y las actividades productivas y que otorgue a las provincias los criterios fundamentales para decidir el uso del bosque nativo atendiendo tanto sus necesidades productivas como su conservación", sostuvo Juan Carlos Villalonga, director Político de Greenpeace..
Para denunciar a los responsables de los desmontes que se producen a diario, Greenpeace desarrolló la página web www.parenlosdesmontes.org.ar; en ella hay un mapa del norte argentino en el que se volcaron las denuncias que la organización fue recibiendo en los últimos meses y que tiene como objetivo transformarse en el "veraz" de los desmontes.
Greenpeace reclamó al Congreso Nacional la urgente sanción del proyecto de ley de Emergencia Forestal que cuenta con dictamen de la Comisión de Recursos Naturales de Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, presidida por Miguel Bonasso.
El proyecto de ley decreta la emergencia forestal en todo el territorio nacional y establece una moratoria a los desmontes de bosques por un año. Durante ese plazo, cada provincia debe desarrollar un ordenamiento territorial en las zonas de bosques nativos para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales. Además, sería necesario establecer un régimen que establezca los presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos.
Entre los casos denunciados por Greenpeace se encuentran:
Grupo Eurnekian (Chaco)
La Hilandería Villa Ocampo S.A. pertenece al Grupo Eurnekian y funciona en un predio de 12.000 hectáreas. En 1995, la empresa solicitó y recibió autorización para desmontar 1000 hectáreas de bosques nativos. Dos años más tarde, la Dirección de Bosques comprobó que se habían desmontado 400 hectáreas fuera de la superficie autorizada y le impuso una multa de 97.379 pesos, que luego de una nueva evaluación se habría elevado a 400.000 pesos.
En 1996, la empresa presentó otra solicitud de desmonte por 3.600 hectáreas en otra propiedad de 25.000 ha. Al año siguiente, la Dirección de Bosques descubrió 2.388 hectáreas desmontadas y 1.119 hectáreas en preparación para destronque sin que se hayan presentado los permisos y utilizando permisos de otra propiedad. Además, se conocieron denuncias realizadas por los trabajadores por incumplimiento de las leyes laborales y negligencia ante enfermedades laborales (accidentes de trabajo e intoxicación por agroquímicos).
Venta de tierras fiscales (Chaco)
A principios de este año, el Instituto de Colonización, organismo encargado de la administración y colonización de tierras fiscales de la provincia de Chaco, readjudicó a los hermanos Victorio y Saverio Gualtieri 10.000 hectáreas de tierras fiscales que les habían sido expropiadas en 1996 y 2002 por no cumplir con las mejoras pactadas en 1983, año en que fueron adquiridas. El plan de trabajo establecía un plazo de 5 años para construir instalaciones destinadas al ganado y la introducción de hacienda.
En 2004, una inspección del Instituto de Colonización comprobó que se habían llevado a cabo algunas mejoras pero que no se había introducido ganado. Además, la Dirección de Bosques comprobó que se desmontaron ilegalmente alrededor de 800 hectáreas .
Laguna Yema (Formosa)
En 1996, el gobernador Gildo Insfran otorgó en forma directa, por $8,46 la hectárea, mucho menos de los $50 que costaban en el mercado, 40.000 hectáreas de tierras fiscales a la empresa Liag Argentina S.A. para la ejecución del proyecto Laguna Yema; a pesar de que la ley establece en 2500 el máximo de hectáreas para la venta de tierras fiscales y sobre las que no se realizó ningún estudio de impacto ambiental.
Hasta el momento, ya fueron desmontadas 6000 de las 18.000 hectáreas de bosque nativo que serán destinadas al cultivo de algodón y maíz.
Madera Dura del Norte (Santiago del Estero)
El 7 de febrero de este año, una de las topadoras que trabaja para Madera Dura del Norte fuertemente custodiada por policías del GETOAR e Infantería avanzó sobre una de las casas que se encuentra en el predio y, para quebrar la resistencia de los vecinos dispararon balas de goma y los apalearon mientras el administrador de la empresa filmaba el ataque. Como resultado, siete personas resultaron gravemente heridas.
Madera Dura del Norte ocupa en los departamentos de Copo y Alberdi 156.000 ha de las que dice tener el título de propiedad y de las que ya habría desmontado 15.000. En ese predio viven más de 1500 familias campesinas que, desde hace tres años, están resistiendo los intentos de desalojo violentos por parte de la empresa. Según la Defensoría del Pueblo de la Nación éste y otros hechos violentos han sido denunciados en forma reiterada por los vecinos sin que las autoridades hayan hecho nada.
El Yuto (Salta)
En 2004, Franco Macri lanzó en la Estancia El Yuto, complejo agroindustrial que adquirió en 1997, un proyecto de agricultura intensiva con una inversión estimada de entre 30 y 54 millones de dólares y una facturación anual de 50 millones de dólares.
La etapa inicial contempla la puesta en marcha de 2100 ha. de las cuales 1400 cuentan con un sofisticado sistema de riego que emplea una toma desde el Río Bermejo para la cual le fue otorgada una concesión de uso de agua pública. Además, la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Forestales de la provincia le otorgó seis permisos de desmonte por un total de 4506 hectáreas.
NOTAS AL EDITOR
(1) El informe completo se encuentra disponible en internet en: http://www.greenpeace.org/argentina/bosques/desmontes-s-a
(2) En la Argentina, por año, se desmontan 250 mil hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco Seco, donde el 70% del bosque fue eliminado por la expansión agrícola. El Chaco Húmedo y la selva pedemontana de las Yungas forman parte también de la lista de áreas amenazadas. La Selva Misionera alberga la más alta biodiversidad del país, pero sólo queda un 7% de la superficie original, y la mayor parte se encuentra en nuestro país, ya que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida. A la destrucción del bosque para conversión en tierra de cultivo se le suma el reemplazo de selvas por forestaciones implantadas, para uso industrial.
(3) El ordenamiento ambiental que propone Greenpeace es un instrumento de política ambiental nacional cuyo objetivo es regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente a partir del uso sustentable de los bosques nativos, tras una evaluación de las unidades presentes en cada provincia.
El informe completo aqui
Los empresarios y sociedades sindicados por Greenpeace son Franco Macri, Victorio Gualtieri, Eduardo Eurnekian, y las sociedades anónimas Liag y Madera Dura del Norte, todos asociados a prácticas de desmontes en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, en actividades orientadas a la siembra de soja y algodón, extracción de madera, ganadería y otras prácticas productivas incompatibles con el desarrollo sustentable y la preservación de los bosques.
Las actividades promovidas por estas sociedades, cuyas cabezas visibles son los empresarios denunciados, fueron rebeladas por la organización ambientalista en su informe "Desmontes S.A" (1), en donde constan distintos documentos como pedidos y permisos de desmontes, registros catastrales, causas judiciales, resoluciones oficiales e incontrastables fotos satelitales.
"Con este informe probamos que los desmontes son una práctica habitual que se sostiene en una red de debilidades oficiales que favorecen un estado de situación donde el vale todo es el 'modus operandi' más extendido. Ya que muchos de los negocios analizados en este informe son legales, al menos en los papeles. Y son legales porque los mismos sectores involucrados son los que reciben exenciones y excepciones por parte de los gobiernos, frenan leyes que promueven el aumento de los mecanismos de control y presionan a los pocos funcionarios que intentan investigar", aseveró Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina, durante la presentación del informe "Desmontes S.A.", realizada esta mañana en el Complejo La Plaza.
A modo de ejemplo, según un informe estadístico del Instituto de Colonización, en 1999 en la provincia del Chaco había 1.938.547 hectáreas de tierras fiscales, la mayoría de las cuales correspondían a bosques nativos. Para 2005, quedaban 687.053 hectáreas. Así, de acuerdo con este informe, en solo 6 años, "se extraviaron" 1.251.494 hectáreas. (2)
"Es obligación del Estado planificar las acciones tendientes a asegurar la provisión de bienes y servicios ambientales que brindan los ecosistemas. Para lograr esto, es preciso establecer un plan de Ordenamiento Territorial (3) que permita regular el uso del suelo y las actividades productivas y que otorgue a las provincias los criterios fundamentales para decidir el uso del bosque nativo atendiendo tanto sus necesidades productivas como su conservación", sostuvo Juan Carlos Villalonga, director Político de Greenpeace..
Para denunciar a los responsables de los desmontes que se producen a diario, Greenpeace desarrolló la página web www.parenlosdesmontes.org.ar; en ella hay un mapa del norte argentino en el que se volcaron las denuncias que la organización fue recibiendo en los últimos meses y que tiene como objetivo transformarse en el "veraz" de los desmontes.
Greenpeace reclamó al Congreso Nacional la urgente sanción del proyecto de ley de Emergencia Forestal que cuenta con dictamen de la Comisión de Recursos Naturales de Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, presidida por Miguel Bonasso.
El proyecto de ley decreta la emergencia forestal en todo el territorio nacional y establece una moratoria a los desmontes de bosques por un año. Durante ese plazo, cada provincia debe desarrollar un ordenamiento territorial en las zonas de bosques nativos para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales. Además, sería necesario establecer un régimen que establezca los presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos.
Entre los casos denunciados por Greenpeace se encuentran:
Grupo Eurnekian (Chaco)
La Hilandería Villa Ocampo S.A. pertenece al Grupo Eurnekian y funciona en un predio de 12.000 hectáreas. En 1995, la empresa solicitó y recibió autorización para desmontar 1000 hectáreas de bosques nativos. Dos años más tarde, la Dirección de Bosques comprobó que se habían desmontado 400 hectáreas fuera de la superficie autorizada y le impuso una multa de 97.379 pesos, que luego de una nueva evaluación se habría elevado a 400.000 pesos.
En 1996, la empresa presentó otra solicitud de desmonte por 3.600 hectáreas en otra propiedad de 25.000 ha. Al año siguiente, la Dirección de Bosques descubrió 2.388 hectáreas desmontadas y 1.119 hectáreas en preparación para destronque sin que se hayan presentado los permisos y utilizando permisos de otra propiedad. Además, se conocieron denuncias realizadas por los trabajadores por incumplimiento de las leyes laborales y negligencia ante enfermedades laborales (accidentes de trabajo e intoxicación por agroquímicos).
Venta de tierras fiscales (Chaco)
A principios de este año, el Instituto de Colonización, organismo encargado de la administración y colonización de tierras fiscales de la provincia de Chaco, readjudicó a los hermanos Victorio y Saverio Gualtieri 10.000 hectáreas de tierras fiscales que les habían sido expropiadas en 1996 y 2002 por no cumplir con las mejoras pactadas en 1983, año en que fueron adquiridas. El plan de trabajo establecía un plazo de 5 años para construir instalaciones destinadas al ganado y la introducción de hacienda.
En 2004, una inspección del Instituto de Colonización comprobó que se habían llevado a cabo algunas mejoras pero que no se había introducido ganado. Además, la Dirección de Bosques comprobó que se desmontaron ilegalmente alrededor de 800 hectáreas .
Laguna Yema (Formosa)
En 1996, el gobernador Gildo Insfran otorgó en forma directa, por $8,46 la hectárea, mucho menos de los $50 que costaban en el mercado, 40.000 hectáreas de tierras fiscales a la empresa Liag Argentina S.A. para la ejecución del proyecto Laguna Yema; a pesar de que la ley establece en 2500 el máximo de hectáreas para la venta de tierras fiscales y sobre las que no se realizó ningún estudio de impacto ambiental.
Hasta el momento, ya fueron desmontadas 6000 de las 18.000 hectáreas de bosque nativo que serán destinadas al cultivo de algodón y maíz.
Madera Dura del Norte (Santiago del Estero)
El 7 de febrero de este año, una de las topadoras que trabaja para Madera Dura del Norte fuertemente custodiada por policías del GETOAR e Infantería avanzó sobre una de las casas que se encuentra en el predio y, para quebrar la resistencia de los vecinos dispararon balas de goma y los apalearon mientras el administrador de la empresa filmaba el ataque. Como resultado, siete personas resultaron gravemente heridas.
Madera Dura del Norte ocupa en los departamentos de Copo y Alberdi 156.000 ha de las que dice tener el título de propiedad y de las que ya habría desmontado 15.000. En ese predio viven más de 1500 familias campesinas que, desde hace tres años, están resistiendo los intentos de desalojo violentos por parte de la empresa. Según la Defensoría del Pueblo de la Nación éste y otros hechos violentos han sido denunciados en forma reiterada por los vecinos sin que las autoridades hayan hecho nada.
El Yuto (Salta)
En 2004, Franco Macri lanzó en la Estancia El Yuto, complejo agroindustrial que adquirió en 1997, un proyecto de agricultura intensiva con una inversión estimada de entre 30 y 54 millones de dólares y una facturación anual de 50 millones de dólares.
La etapa inicial contempla la puesta en marcha de 2100 ha. de las cuales 1400 cuentan con un sofisticado sistema de riego que emplea una toma desde el Río Bermejo para la cual le fue otorgada una concesión de uso de agua pública. Además, la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Forestales de la provincia le otorgó seis permisos de desmonte por un total de 4506 hectáreas.
NOTAS AL EDITOR
(1) El informe completo se encuentra disponible en internet en: http://www.greenpeace.org/argentina/bosques/desmontes-s-a
(2) En la Argentina, por año, se desmontan 250 mil hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco Seco, donde el 70% del bosque fue eliminado por la expansión agrícola. El Chaco Húmedo y la selva pedemontana de las Yungas forman parte también de la lista de áreas amenazadas. La Selva Misionera alberga la más alta biodiversidad del país, pero sólo queda un 7% de la superficie original, y la mayor parte se encuentra en nuestro país, ya que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida. A la destrucción del bosque para conversión en tierra de cultivo se le suma el reemplazo de selvas por forestaciones implantadas, para uso industrial.
(3) El ordenamiento ambiental que propone Greenpeace es un instrumento de política ambiental nacional cuyo objetivo es regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente a partir del uso sustentable de los bosques nativos, tras una evaluación de las unidades presentes en cada provincia.
El informe completo aqui
Unite a Greenpeace
