Greenpeace presentó informe sobre residuos electrónicos en la Argentina

El concepto de “responsabilidad extendida del productor” propone que los productores se hagan responsables por los impactos ambientales de sus productos a lo largo de toda su vida útil: producción, uso y disposición final y se articula, además, con el concepto de “responsabilidad individual del productor” (RIP), que determina que cada productor tiene una responsabilidad financiera individual cuando paga por la gestión de fin de ciclo de sus productos.

La ley además se propone restringir la utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos tales como: plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, retardantes de llama bromados y PVC, lo que permitiría establecer requerimientos ambientales mínimos comunes a todas las fábricas.

Por su parte, Filmus sostuvo que “la producción y el consumo de los aparatos eléctricos y electrónicos está aumentando en forma exponencial en todo el mundo”, por lo que “la generación de residuos derivados de estos productos aumenta vertiginosamente, constituyendo cada vez más una mayor proporción del total de residuos generados por la sociedad”.

El proyecto de ley que estudia la Comisión de Medio Ambiente del Senado, incluye un sistema de gestión centralizado que además puede adaptarse a las regiones y cuya financiación estará en manos de los productores e importadores de aparatos eléctricos y electrónicos, con estímulos para el desarrollo de diseños “ambientalmente amigables”; participación activa en

la organización de la gestión de residuos de todos los sectores involucrados e interesados; control y regulación por parte del Estado, y el establecimiento de metas progresivas que permitan el perfeccionamiento del sistema.

En tanto, Villalonga expresó que “cada fabricante debe hacerse cargo de lo que produce. La solución es diseñar productos limpios con mayor vida útil, seguros y fáciles de reciclar, que no expongan a los trabajadores ni al medio ambiente a químicos peligrosos”.

Villalonga agregó que, “de mantenerse el actual ritmo de crecimiento y si no se aplican leyes que regulen su producción y su desguace, los residuos electrónicos se transformarán en un gravísimo problema ambiental y habremos perdido la oportunidad de resolverlo a tiempo”.

La situación en la Argentina

Según el informe, titulado La responsabilidad extendida del productor en un contexto latinoamericano: la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la Argentina (1), el país cuenta con debilidades y fortalezas en comparación con otra naciones en vías de desarrollo.

Entre las ventajas, se encuentran:

• 1) Hay una pequeña cantidad de productos históricos almacenados. Es decir, debido a la baja cantidad de productos que hubo en el pasado, los productos “huérfanos” o históricos, no son tantos como para no poder redistribuir los costos del fin de su vida útil sobre los nuevos sin generar grandes conflictos.
  
  
• 2) Las compañías consumen una gran cantidad de productos y suelen adoptar políticas ambientales, lo que haría que colaboren con un programa de recuperación y reciclado.
  
  
• 3) El reciclaje puede ser una actividad lucrativa ya que se pueden obtener metales preciosos como oro, plata, platino, rodio, cobre. Además, el circuito de recolección y desarmado generaría puestos de trabajo para mano de obra calificada y no calificada.
  
  
• 4) Los municipios tendrían menos exigencias ya que el aumento de los aparatos electrónicos generará más demanda de recolección por parte de los municipios que, en breve, podría sobrepasar la capacidad limitada de los municipios y los contribuyentes para encontrarles un destino.
  
  
• 5) La Argentina puede adoptar políticas que se han aplicado con éxito en otros países. En este punto, la legislación relacionada con la prohibición del uso de productos tóxicos y de la prohibición de la importación de productos obsoletos para su desarmado en el país pueden ser dos ejemplos a seguir.

Como contrapartida, en el país hay una serie de obstáculos que deberían enfrentarse para poner en marcha este plan:

• 1) Falta de infraestructura formal de reciclado: en la actualidad, solo existen algunas empresas que desmontan residuos electrónicos y sólo una cuenta con licencia para reciclarlos.
  
  
• 2) Falta de políticas públicas que promuevan la clasificación de residuos; los argentinos no están acostumbrados a separar los residuos. La clasificación hoy la llevan adelante los cartoneros.
  
  
• 3) El sector informal podría competir con el sector formal de recolección y reciclaje, ya que son ellos quienes reciclan y recuperan los materiales electrónicos.
  
  
• 4) Existe el riesgo de importación y exportación de residuos de manera ilegal.
  
  
• 5) Gran parte del mercado de electrónicos está conformado por aparatos sin marca, por lo que es muy difícil determinar al productor que debería hacerse responsable.
  
  
• 6) Este tipo de programa podría afectar a las pequeñas y medianas empresas que no están preparadas para modificar sus estándares de producción.