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La gran cantidad de desmontes para producir soja que se realizó en los últimos años en la provincia de Salta en la zona cercana a Tartagal es una de las principales causas de estas inundaciones.
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Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas.
A pesar de esto, los desmontes en la provincia aumentaron considerablemente: durante 2007, en plena discusión parlamentaria de la Ley de Bosques, la provincia de Salta autorizó el desmonte de más de cuatrocientas mil hectáreas. La situación en la provincia es tan grave que algunos de estos desmontes fueron suspendidos, en diciembre pasado, por la Corte Suprema de Justicia en de la Nación, tras un amparo de comunidades indígenas.
“Además de concentrar más de la mitad de la biodiversidad del planeta, los bosques juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Son nuestra esponja natural y paraguas protector. En ese sentido es urgente que el Poder Ejecutivo reglamente lo antes posible la Ley de Bosques (1), cuya aplicación conforme a su espíritu original es la única herramienta concreta para frenar la deforestación en nuestro país”, afirmó Giardini.
(1) La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.
La norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.