El parque Gezi es un punto de inflexión, un despertar después de años de abusos ambientales en Turquía y de erosión de la participación democrática que ha antepuesto los intereses privados sobre el medio ambiente y los deseos de la gente.
Para muchas personas en Turquía, lo que está ocurriendo en Gezi pasa en todo el país.
Manifestantes contra irreflexivos y no pedidos desarrollos han sido repelidos con brutalidad policíaca, gases lacrimógenos y arrestos masivos que los medios de comunicación locales apenas informan.
A pesar de que Turquía cuenta con abundantes fuentes de energía renovable (solar, eólica y geotérica), el Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan sigue impulsando planes insalubres o peligrosos tales como la expansión de centrales eléctricas de carbón y prevé la construcción de dos centrales nucleares.
Su gobierno está pactando acuerdos internacionales para construir más plantas de carbón, ignorando las regulaciones locales.
En los últimos dos años, en el pueblo Black Sea, de Gerze, quienes se oponen a las centrales de carbón se han visto una y otra vez con la respuesta policial de gas lacrimógeno y arrestos masivos.
Las regulaciones turcas han sido torpedeadas para dejar a la industria nuclear fuera de la línea de medición de los impactos ambientales de producción. Esto facilita que el gobierno pueda ignorar a dos terceras partes de la población que se opone a la energía nuclear y presionar para lograr la construcción de las plantas nucleares de Sinop y Akkuyu. Mientras que el 5% de Turquía tiene el estatus de “área protegida”, ni siquiera esto es respetado.
La nueva legislación que promueve el gobierno –la Ley de Protección a la Naturaleza y la Biodiversidad, la cual será votada en el Parlamento esta semana- permitiría quitar el estatus de “área protegida” así, sin ninguna justificación o debate público o alguna explicación.
El voto ha sido pospuesto a la par del levantamiento de las protestas. Mientras la legislación languidece en el limbo, aún hay tiempo para que esta sea arreglada. Es el tiempo perfecto para que el gobierno tome en cuenta las demandas de aquellos que quieren proteger el parque Gezi y todo el país. De lo contrario, el Parlamento debe rechazar la propuesta actual y exigir un nuevo borrador. Las autoridades tienen la oportunidad para demostrar que escuchan la voluntad de la gente y tomar sus intereses en cuenta.
También es la oportunidad perfecta para que el gobierno firme la Convención Aarhus que garantiza el acceso a la información, el derecho a la participación en la decisión de hacer procesos y el derecho a litigar en asuntos ambientales. La Unión Europea se encuentra entre los 46 firmantes y se espera que todos los países que intenten formar parte del bloque la signen.
El Primer Ministro Erdogan y su gobierno puede enseñar al pueblo de Turquía que ha sido escuchado y sus derechos respetados. Puede decirles que la democracia turca es una tarea diaria y no algo reservado para solo ir a depositar un voto a la casilla cada 5 años. Puede reconocer que la sociedad civil es el corazón latiente de una democracia saludable. Erdogan puede firmar la Convención Aarhus y arreglar la Ley de Protección a la Naturaleza y Biodiversidad antes de regresarla al Parlamento para la votación.
Como muchos comentaristas han dicho, la situación en Turquía ya no es sólo “un tema sobre unos árboles en el parque”. Pero no nos equivoquemos, es indispensable que la gente comprenda la importancia de este precioso espacio verde. Es sobre si Turquía continuará o no con su desarrollo económico y entender que es la naturaleza la que nos nutre y cubre nuestras necesidades como aire fresco que respirar y comida limpia que comer. La naturaleza también alimenta nuestras almas y el acceso a ella es un derecho humano.
La extensión del movimiento que ganó atención en Gezi es una muestra de que la protección exigida para el parque Gezi es una demanda para todo el país: “¡Estoy en Turquía!”.
Laetitia Liebert es directora ejecutiva de Greenpeace Mediterráneo
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