Greenpeace celebra el freno de la Ley Monsanto en Chile por presión ciudadana

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Prensa - 24 marzo, 2014
Chile, 24 de marzo de 2014.- Gracias a la presión de movimientos sociales en todo el territorio chileno, el pasado lunes 17 de marzo, el gobierno de Michelle Bachelet, detuvo el proceso legislativo del Proyecto de Ley de Protección de Derechos de Obtentores Vegetales, también conocido como “Ley Monsanto”.


El proyecto de Ley busca implementar en Chile el Acta 91 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91), que profundizaría los impactos negativos de la agricultura industrial y aumentaría el control corporativo sobre los alimentos. En Argentina, el sector agrícola industrial ya inició las negociaciones para lanzar un proyecto de ley que otorgaría a quienes registran semillas genéticamente modificadas derechos tan abusivos como el acta UPOV-91 (1).

“El avance de las compañías multinacionales sobre la agricultura es alarmante. Buscan adaptar las legislaciones nacionales para controlar los mercados. A pesar de los cuestionamientos legales y la oposición de movimientos y organizaciones sociales, esta línea de acción avanza por toda América Latina”, señalaron en Greenpeace.

Este tipo de leyes conforman el marco legal que respalda la producción de cultivos genéticamente modificados (GM), un desarrollo biotecnológico que esclaviza a los productores, perjudica la economía local, la biodiversidad, la soberanía alimentaria y no asegura la buena salud de quienes ingieren estos alimentos.

“Estas legislaciones sólo profundizarán la dependencia de los países de la región en favor de empresas multinacionales y de una industria que asegura que los transgénicos salvarán al planeta y alimentarán al mundo, una falacia mundial que está ampliamente documentada”

En 2009, la “Ley Monsanto” fue introducida al Congreso por el anterior gobierno de Michelle Bachelet. Un año después, durante la presidencia de Sebastián Piñera, fue aprobada por la Cámara de Diputados y, en agosto de 2013, recibió un dictamen favorable de la Comisión de Agricultura del Senado.

La semana pasada, el gobierno se comprometió a modificar el actual proyecto de ley, atendiendo el reclamo de las organizaciones.  Sin embargo, la amenaza no ha terminado, el actual proyecto fue frenado en la cámara alta a la espera de nuevas modificaciones, lo que abre la posibilidad de que se reintegre nuevamente  al trámite legislativo. 

Greenpeace apoya el reclamo de gran parte de la población, y exige que los legisladores y el gobierno decidan de una vez por todas si elegirán a los intereses de las grandes corporaciones o fortalecerán los conocimientos agroecológicos protegiendo a productores agrícolas orgánicos, los recursos naturales y los alimentos.

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