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Que diría usted si le digo que una persona, a través de la manipulación genética se adueña de la semilla de quinoa -el denominado trigo de los incas- que es una planta nativa de la región Andina del continente americano cultivada desde más de 3.000 años en países como Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. El problema es que eso se permite porque se entiende que si alguien ‘mejora’ – en realidad modifica- una planta, la puede patentar de manera que ésta le pertenezca. Pero ahí no está el truco; el truco consiste en que cuando ya tienes la patente, los agricultores no usen la planta o semilla natural -porque esa no paga patente porque es de todos- y que, en cambio, sean usados sus ‘productos.

Bueno, podemos estar de acuerdo en que tal cosa es una forma de hacer negocio, pero cuando un agricultor quiere saber si la semilla que está comprando no está genéticamente modificada porque le pertenece a una empresa, no se le informa adecuadamente.

Por otro lado, si el agricultor está usando la semilla natural, no debería pagarle a nadie, pero ¿Qué pasa cuando la planta se contamina y genera semillas con los genes modificados? Bueno, lo que hacen los dueños de la planta modificada es pedir el tributo de su producto. Pero ¿cómo es esto? Si el agricultor no ha comprado la semilla ni tampoco la ha robado, sólo se ha contaminado con la planta modificada genéticamente. El problema es que es casi imposible probar que la semilla que se está usando no proviene de una contaminación y, así, los dueños de las semillas obligan a los agricultores a pagar por el uso de su producto.

¿Pero, y si los agricultores quieren protegerse de esta contaminación? Entonces, ¿No deberían saber donde se producen los cultivos genéticamente modificados?.

Esto es justamente lo que varios agricultores y ONGs han estado solicitando a la justicia pero han encontrado resistencia, principalmente de la Trasnacional Monsanto –la cual ha contaminado todo el mundo con sus productos- y el semillero Erik Von Baer.

Von Baer junto a Monsanto, y casi todas las empresas semilleras, presentaron un recurso para impedir la resolución del Consejo Para la Transparencia, la que obligó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a publicar la ubicación exacta de los cultivos transgénicos en Chile desde el año 1992. O sea, ellos no quieren que se sepa donde están estos cultivos porque de esa manera pueden seguir contaminando a las plantas naturales y haciendo crecer su negocio mientras las semillas naturales se reducen.

No contento con eso, el señor de las semillas, y dueño de este gran negocio familiar, recurrió al Tribunal Constitucional para exigir que se declare como “inconstitucional” el fallo dictado por el Consejo para la Transparencia que obligó al SAG a entregar la ubicación de los cultivos.

Sin embargo, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones ordenó que se revisara el fallo del Consejo de la Transparencia, el que finalmente fue ratificado por todos sus miembros en la audiencia del 25 de enero de este año obligando a entregar la ubicación de los cultivos transgénicos, tal como señalado tras la demanda interpuesta por María Elena Rozas directora Ejecutiva de la Red de Acción de Plaguicidas.
 
Con esto, el señor de las semillas debe acatar la resolución y dar la seguridad a miles de agricultores que sus cultivos y sus semillas no están bajo el riesgo de que este señor termine adueñándose de la vida, por el sólo hecho de que ‘la invento de nuevo’.

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