La semana pasada, en Santiago de Chile, se reunieron los países participantes de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, con el objetivo principal de acordar la implementación de las medidas interinas sobre manejo del jurel que se habían alcanzado en Cali, Colombia, en la cita de enero del año pasado. Ellas consistían en recortes a las capturas del año 2010 por un 40% en el 2011 y 60% para este año.

Las condiciones para el acuerdo de medidas que den garantías venían mal, especialmente por el incumplimiento de algunos de los propios firmantes. Estas medidas debían desarrollarse en aguas internacionales, pero en el numeral 23 de las medidas acordadas decía que “los Estados ribereños adyacentes a la zona del Convenio han de cooperar con otros participantes para garantizar la compatibilidad de la conservación y manejo pesquero de especies Trachurus (jurel), cuando estos recursos se sitúan en las zonas bajo jurisdicción nacional y en el área de la Convención”. Esta cooperación no es lo que leyeron las autoridades peruanas y ecuatorianas.

Para garantizar la recuperación del jurel se debían, por tanto, adoptar medidas que tuvieran cierta coherencia en el manejo del jurel en aguas internacionales y nacionales. Esto mismo corre para Chile, tal como lo veremos.

En el caso de nuestros vecinos, y sin ninguna anticipación, Perú capturó 256.000 toneladas y Ecuador 65.000 toneladas más de lo que se esperaba se capturaría en el año 2011, pero en su mar territorial. Esta situación se produjo debido a que según el Sub-grupo de trabajo científico señaló que debido al efecto de La Niña, el recurso se acercó a la costa de ambos países. Esto permitió a las autoridades peruanas y ecuatorianas capturar en aguas nacionales y con ello, hacer vanos los esfuerzos que los demás participantes de la pesquería en aguas internacionales habían acordado en Cali. Esta situación fue repudiada por todos los países que fueron parte de las medidas interinas, excepto por Perú y Ecuador, país que ni siquiera envío un representante a la reunión en Santiago

Hay que recordar la obviedad, porque parece que algunos la olvidan, de que las distinciones entre aguas nacionales y aguas internacionales no tienen ninguna significación ecosistémica. Las recomendaciones científicas solicitaban que se redujeran las capturas por debajo de las 390.000 toneladas, incluyendo las capturas nacionales e internacionales. Con ese escenario, si todos cumplen con las medidas interinas las capturas acordadas en aguas internacionales serían de 301.000 toneladas, lo que permitiría tener una real oportunidad de recuperar el stock de jurel.

El grave problema es tener mayor regulación sobre las capturas dentro de las aguas nacionales: se debe asegurar que los países costeros reduzcan aún más sus capturas. En tal caso, Chile debe convencer al Consejo Nacional de Pesca que reduzca la cuota acordada para el año 2012 desde 250.000 toneladas a 185.000 toneladas, tal y como se comprometió ante la comunidad internacional. Por su parte Perú, que sólo depende de la voluntad ministerial para cualquier reducción, anunció que pescaría 120.000 toneladas aún incluso ante el rechazo generalizado de la mesa, mientras no se sabe qué hará Ecuador. Así, las medidas acordadas parecen secuestradas por las decisiones que se tomen en las aguas nacionales.

Si sumamos las capturas totales asumiendo que Chile no logra la reducción, las capturas serían por 360.000 toneladas, más 120.000 de Perú. Esto nos deja que la captura total de jurel será de 480.000 toneladas, pero siempre considerando que no hay mayores capturas  y que Ecuador no tenga la misma ventana que tuvo debido a la Niña.

Según los modelos presentados por los científicos, y de los cuales Lima y Santiago fueron participantes, este nivel de captura tiene un 76% de probabilidad de reducir aún más la población total del jurel al 2021. Esta situación nos puede encaminar aún más cerca del despeñadero.

En enero de 2013, en la que se espera sea la primera reunión formal de la convención en Nueva Zelanda, las organizaciones ambientales tendremos que exigir medidas más radicales que permitan la recuperación de la que era hasta hace muy poco la pesquería más importante de Chile. En caso contrario, el jurel podría ser un recuerdo de las mesas de tantos hogares, por obra de la irresponsabilidad de los Estados.